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02/06/2016 | Biblioteca Nacional

Encuentro "Seguridad y Derechos Humanos"

La Asociación Civil Justicia Legítima realizó el encuentro “Seguridad y Derechos Humanos” en la Biblioteca Nacional. La mesa de la jornada estuvo integrada por el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni; la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, y el padre Francisco Paco Oliveira, cura de la Isla Maciel, integrante de Curas en Opción por los Pobres.

Estuvieron presentes en el Auditorio Jorge Luis Borges los jueces María Laura Garrigós, Alejandro Slokar, Mirta López González, Adrián Grünberg, Alejo Ramos Padilla, Marcela Viano Carlomagno, Martín Vázquez Acuña, Gustavo Caramelo y María Roqueta; los fiscales Jorge Auat y Javier De Luca; la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky; el defensor Sebastián Tedeschi; el ex Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim; la Secretaria de Cámara Ana Poleri; Ángel Bruno y el ex Administrador General del Poder Judicial de la Nación, Claudio Cholakián, entre otros. Pese a la lluvia y a la movilización convocada por la CTA, que coincidió con el encuentro planificado con varios meses de antelación, la sala estuvo colmada.

El panel comenzó con la intervención de la jueza Alicia Ruiz, que coordinó la mesa. Ruiz destacó la importancia de este tipo de jornadas para ampliar las formas de conectar con diferentes sectores la sociedad. La jueza del Tribunal Superior de Justicia de la CABA sostuvo que el cambio en el Poder Judicial no se puede lograr sólo con la buena voluntad de los magistrados, sino que es imprescindible el reclamo social. Ruiz aseguró que “necesitamos una justicia comprometida con el ideario democrático, algo que todavía no sucedió en la Argentina”.

A continuación, el padre Paco condenó las acusaciones de violencia a los pobres, y relacionó la inseguridad con la incertidumbre de no saber si hay pan para comer. El sacerdote señaló que frente a la conflictividad social el actual protocolo quedó muy lejos del Acuerdo por la Seguridad Democrática de 2009, marcando la diferencia entre el consenso del que nace uno y las reglas establecidas que impone el otro. Oliveira rechazó las políticas demagógicas que agravan el problema de la seguridad y reproducen la violencia, y afirmó que “hoy vemos cómo la policía siente que tiene las manos libres para ´poder cumplir con su deber´. Vemos también cómo el Estado se está retirando de los barrios: hoy tenemos un comedor para más de 100 chicos por noche, algo que nunca hubiera imaginado el año pasado”.

Por su parte, Ana Jaramillo coincidió con Alicia Ruiz y sostuvo que no es posible reformar el Poder Judicial desde adentro, por lo que es imprescindible una nueva epistemología jurídica. La rectora de la Universidad de Lanús recordó que la mayoría de los jueces y los legisladores estudiaron en la universidad pública, y reclamó que la defensa de la educación gratuita no sea un pedido, sino una exigencia. Jaramillo agregó que el derecho es un constructo sociocultural e histórico y nace de una conciencia jurídica popular que nos interpela a todos. “Esa conciencia se modifica a lo largo del tiempo. Los derechos sociales son los que hacen posible ejercer el derecho de la libertad”, sostuvo.

Raúl Zaffaroni tomó la palabra para afirmar que hoy la situación es preocupante, porque “vivimos la instalación de un proyecto de sociedad excluyente”. La técnica de control se traduce en una de tipo represivo, y en nuestra región es aun más perversa. Según Zaffaroni, nuestros Estados no se ocupan de matar, sino que potencian las contradicciones entre los que están excluidos para que no puedan tener un protagonismo coherente. Para fundamentar esta afirmación, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó algunas estadísticas. El índice de homicidios en la medialuna sur porteña “quintuplica o sextuplica” al del resto de la ciudad, y la mayoría no se esclarece. Esta situación “se agravó con el retiro de la gendarmería de los barrios”.

Zaffaroni agregó que este proyecto de sociedad aumenta la conflictividad. “Tenemos que tomar conciencia del grado de violencia que vive nuestra región”, aseguró. Las sociedades con altos índices de distribución inequitativa de la renta registran también altos porcentajes de homicidios. El juez de la Corte IDH señaló que “esta coincidencia no es gratuita: el proyecto del capitalismo financiero busca imponer un modelo de exclusión social, que potencia la conflictividad”.

Finalmente, Zaffaroni afirmó que “los jueces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos en América Latina, no podemos proyectar decisiones de poder sin tener en cuenta los datos de la realidad. Hay una norma básica que dice que todo ser humano es persona, y así debe ser tratado. No se pueden tomar decisiones judiciales sin tener en cuenta ese principio rector máximo”.


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