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09/09/2015 | Biblioteca Nacional

Jornada "Nuevos desafíos para una justicia democrática"

La Asociación Civil Justicia Legítima realizó el miércoles 9 de septiembre la jornada "Nuevos desafíos para una justicia democrática" en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. La mesa de la jornada, que tuvo lugar en un auditorio colmado, estuvo integrada por el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, los politólogos Edgardo Mocca y Atilio Borón y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal y referente de Justicia Legítima Alejandro Slokar. Pese a la intensa lluvia, la actividad convocó a una gran cantidad de jueces, fiscales, defensores, estudiantes, trabajadores y militantes de derechos humanos, entre los que se destacaron la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; los jueces Mirta López González, Alicia Ruiz, Adrián Grünberg, Gustavo Costa, Alejo Ramos Padilla, María Roqueta, Martín Vázquez Acuña, Gustavo Caramelo, Néstor Rodríguez Brunengo, Elena Liberatori, Marcela Pérez Pardo, Marcela Viano Carlomagno y Martina Forns; los fiscales Cristina Caamaño y Jorge Auat; la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky; el ex fiscal Hugo Cañón; la defensora Matilde Bruera, el ex Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim; la Secretaria de Cámara Ana Poleri; el ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, Ángel Bruno y el Administrador General del Poder Judicial de la Nación, Claudio Cholakián, entre otros.
 
Durante la presentación de la jornada, María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Asociación, planteó los objetivos del encuentro: “Nos reunimos para pensar qué es lo que está pasando con los poderes judiciales, qué papel estamos cumpliendo, cómo nos insertamos en esta sociedad, si somos un factor democratizador o no lo somos, si estamos cumpliendo con achicar la brecha, con conceder derechos a los que necesitan ejercerlos", afirmó.
 
El panel comenzó con la intervención del periodista y politólogo Edgardo Mocca, que analizó la relación entre el Poder Judicial y la sociedad civil en una democracia plena. “El problema de la administración de justicia no se puede pensar al margen del dispositivo institucional del que forma parte”, sostuvo, y agregó que el conflicto político gira en torno a una "tensión institucional entre la igualdad de los ciudadanos a la hora de votar y la desigualdad a la hora de vivir”. En este sentido, Mocca expresó que es clave el derecho de intervención que reclaman las mayorías a través del voto.
 
Respecto de la Corte Suprema, el periodista afirmó que existe una “traspolación de sus atributos, porque se convierte en un órgano de evaluación política”. Así, la Corte deja de ser un árbitro para transformarse en actor, y “esta restricción democrática significa el bloqueo de leyes aprobadas por el Congreso”. Según Mocca, “la judicialización de la política es el nombre que se da a una restricción de hecho en la Argentina, y nuestro régimen representativo no tiene respuesta para ese problema”.
 
Por su parte, Atilio Boron analizó la situación política en América Latina, evocó los golpes de estado y las intervenciones del Poder Judicial en América Latina y alertó sobre la desestabilización hacia Dilma y Lula en Brasil, que podría extenderse hacia la región. Luego de un repaso por la historia reciente de la relación entre Estados Unidos y América Latina, el politólogo señaló el miedo que generó la llegada al poder de Chávez, Lula y Correa. “Con la modificación del escenario geopolítico, las instituciones que controlaban a América Latina ya no funcionan”, afirmó.
 
Boron sostuvo que “la creación de malhumor y tensión social tiene como objetivo dejar exhaustos a los gobiernos”, por lo que es necesario evitar a toda costa la violencia política a través de la militancia y la movilización populares, porque “los golpes blandos no son blandos, son violentos”. La ofensiva con las protestas en 2013 en Brasil es uno de los ejemplos de tensión social, el ataque de los fondos buitres con campañas de terrorismo mediático es otro. De esta forma, los núcleos conservadores se refugian en el Poder Judicial cuando las políticas -frente a la gran batalla de la redistribución- constituyen una seria amenaza para su hegemonía y sus intereses económicos.
 
Raúl Zaffaroni tomó la palabra para afirmar que “el Poder Judicial tiene el desafío de repensarse, de ver cómo se arma para ser un instrumento idóneo para hacer frente a los nuevos desafíos”. Según el magistrado, el ámbito judicial es hoy una anarquía de decisiones. Respecto del control de constitucionalidad, aseguró que es necesario defenderlo, aunque “tiene que tener una última instancia que opere rápido, porque de lo contrario 4000 jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de cualquier cosa”. El juez de la Corte Interamerica de Derechos Humanos afirmó que esa situación representa un caos y no genera seguridad jurídica en el país.
 
De esta manera, lo primero que debe replantearse es la cabeza misma del Poder Judicial. “Hoy la Corte Suprema es una Corte de Casación, y muy excepcionalmente una Corte de control de constitucionalidad normativo”, sostuvo. Esta situación desafía la conformación de un tribunal que está haciendo Casación sin la estructura necesaria para llevar adelante esta tarea. ¿Qué se podría hacer entonces? Zaffaroni afirmó que como nuestra Constitución no establece cuántos jueces tiene que tener la Corte, “se puede llevar el número de ministros a 15 miembros. Tener un poder de Casación y de control de constitucionalidad en manos de cinco personas es muy poco recomendable en cualquier democracia, porque significa mucha concentración de poder. Les están dando a cinco personas un poder contralegislativo contra todo el Congreso de la Nación. Cuidado. Toda concentración de poder es peligrosa”.
 
Zaffaroni se preguntó si sus propuestas significan una politización de la justicia. “La justicia no puede dejar de estar politizada, porque es una rama del gobierno y del Estado”, aseguró. Sin embargo, hay un límite, y “cuando se pasa ese límite se entra a la partidización. La politización es natural, inevitable; la partidización es un vicio”.
 
A modo de síntesis, el juez Alejandro Slokar alentó a una reconstrucción institucional del Poder Judicial. El referente de Justicia Legítima afirmó que “la fricción entre el judicial y los poderes mayoritarios corre el peligro de sobrepasar el tradicional conflicto de competencias entre los poderes de Estado, cuya separación y control recíproco establece el texto constitucional”. Slokar sostuvo que esto sucede mas allá de la llamada paradoja democrática, esto es, la necesidad de toda democracia de funcionar recurriendo a mecanismos no mayoritarios –es decir, los jueces-.
 
Por otro lado, Slokar denunció el proceso de “desintegración” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una gravísima anomalía institucional que no puede persistir por la gravedad de sus consecuencias. “La falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales, sino que deslegitima la labor de la Corte porque restringe las opiniones y hace menos democráticas sus deliberaciones. Cuantas más ideas más democracia. En este caso: más es mejor”, afirmó. Otro de los puntos destacados de la intervención del magistrado fue el reclamo de que se cumpla con la Constitución en el gobierno de jueces, tanto en materia presupuestaria como administrativa, en contra del verticalismo de la Corte.
 
Finalmente, Slokar destacó que el objetivo de Justicia Legítima es “pugnar por la construcción de un Poder Judicial con la legitimidad para limitar a los poderosos y proteger a los más desfavorecidos".
 

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