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04/11/2014 | Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

Seminario sobre Sistemas de Administración de Justicia en América Latina

Los días 30 y 31 de octubre la Asociación Civil Justicia Legítima organizó el seminario “Sistemas de Administración de Justicia en América Latina”. La actividad tuvo lugar en el aula magna de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y contó con la participación de Mariana Mota, jueza uruguaya; Iván Lima Magne, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia; y Joao Batista Damasceno, juez del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro y miembro de la Associação Juízes Para a Democracia (AJD).

El objetivo del seminario fue abrir un espacio de discusión destinado a pensar la actividad judicial en función de la especial realidad sociopolítica de los países de la región y crear una red de intercambio que permita conocer las perspectivas y los intereses de los operadores judiciales en América Latina.

La jornada del jueves comenzó con la bienvenida de María Laura Garrigós de Rébori, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y presidenta de Justicia Legítima. Garrigós destacó los puntos de contacto de las sociedades de América Latina, que invitan a pensar, por ejemplo, en “cómo se reconoce entre nosotros el derecho de los pueblos originarios y su forma de solución de conflictos, o en la propiedad comunitaria. Es probable que los países de la región tengan alguna forma común de leer esas realidades, diferente a la mirada de las sociedades europeas”.

La presidenta de Justicia Legítima señaló la importancia de los aportes de los invitados de los países latinoamericanos, “porque nuestra agrupación se ha convertido en el fiscal del Poder Judicial. Estamos acá porque ya estábamos acá, porque siempre estuvimos acá, porque siempre fuimos críticos de las prácticas corporativas, de las prácticas que se alejan del servicio que el Poder Judicial debe prestar. Creo que somos abogados por eso”.

Respecto de la función política de los jueces, Garrigós recordó las palabras del Dr. Enrique Petracchi, que afirmaba que el juez que no tiene ideología no puede ser juez. “Al no ser útiles para los que requieren el servicio de justicia somos útiles para otros, y esto también tiene que ver con nuestra función política”, concluyó.

La relación entre el sistema de justicia y la sociedad civil en Uruguay

A su lado estaba sentada Mariana Mota, jueza uruguaya que investigó numerosos casos por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura entre 1973 y 1985, hasta que fue trasladada a un juzgado civil en febrero de 2013. Mota tomó la palabra para referirse al funcionamiento del Poder Judicial en Uruguay: “Durante muchos años la Corte definía a dónde iba cada juez. Desde el 95 esto se modificó en parte y se estableció una acordada de calificaciones. Los superiores jerárquicos califican a los inferiores, eso va a una comisión y ahí se decide cuáles son los jueces que están en condiciones de ascender”, explicó. “Esto es un avance pero las calificaciones de los jueces son en función del expediente con la sentencia, y la sentencia no es lo único que se debe evaluar para saber cómo funciona el sistema de justicia”.

La jueza relató cómo esa modalidad impacta en la sociedad. “Esa realidad interna que se veía muy injusta, muy deficitaria como servicio de justicia, se visibilizó a partir de una serie de hechos que fueron mostrando a la población que se requieren cambios en el sistema de justicia. Se empezó a pensar que esta forma de justicia no era la que la sociedad quería. Porque los jueces no hablan: primero porque no los dejan hablar, pero además porque les inculcan aquello de que el juez debe estar en una torre de cristal. Pero en la medida en que el juez no hable hay otro que habla por él, hay otro que le pone contenido a esa figura de juez que no tiene voz. Entonces cuando se discuten las cosas que importan a los jueces, por ejemplo los traslados, los que deciden y piensan y discuten son otros, porque se ha generado la visión de que el Poder Judicial está fuera de la sociedad, por encima de ella. Hay que empezar a rescatar eso: el Poder Judicial es parte de la sociedad, es un poder del Estado, entonces le caben las mismas reglas: la sociedad tiene que saber y controlar qué está haciendo”.

Al referirse a las respuestas que se están generando de manera gradual desde la sociedad civil, Mota afirmó que “esa situación llevó a que un número muy numeroso de organizaciones sociales se nuclearan y comenzaran a plantear recientemente una propuesta al Parlamento para pedirle que cuando se nombren nuevos ministros se permita que se presenten otras personas por fuera del Poder Judicial, que exista una nómina de posibles candidatos del Ministerio Público y que además se establezcan cuáles son los méritos para que una comisión parlamentaria los analice y esa información se publique. Lo que se plantea es que por lo menos lo discuta el Parlamento y la ciudadanía sepa quiénes son los candidatos”.

Bolivia y la elección popular de los jueces

A continuación, el Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia Iván Lima Magne explicó cuáles fueron los cambios en el sistema de justicia boliviano en los últimos años. “En 2006 teníamos un nuevo país y un nuevo paradigma de justicia. El país tiene un 75% de indígenas, entonces la pregunta era cómo reconocer la justicia indígena originaria campesina que estaba resolviendo los problemas cotidianos de la gente. Bolivia es un país pequeño, tenemos sólo 1000 jueces, la mayoría en las capitales de los departamentos, ¿cómo se resuelve entonces el conflicto social?, se preguntó Lima Magne. “Resulta que la gente no espera que llegue el juez, la gente cobra deudas, se casa, se divorcia y genera mecanismos propios de resolución de sus conflictos, y usualmente son bastante buenos, prácticos”. Lima Magne continuó: “En general se permiten estas prácticas de las 36 nacionalidades que tenemos en Bolivia porque resuelven el conflicto. Si en un homicidio culposo el autor va a la cárcel por 5 o 10 años no se resuelve el conflicto, pero si ese homicida cuida a la viuda y a los hijos lo hace de una forma mucho más eficiente. Hay situaciones que pueden representar una crisis de paradigma pero el Tribunal Constitucional está logrando incorporar a esta visión de pluralismo jurídico”.

En cuanto a las diferencias del sistema judicial boliviano respecto de los sistemas de otros países, Lima Magne sostuvo que “la Constitución boliviana tiene un artículo que establece que la jurisdicción indígena originaria campesina debe ejercer sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus propias autoridades. Es un sistema de pluralismo equivalente al del Tribunal Supremo aunque puede darse un conflicto de competencia. Y en algunos de esos casos el Tribunal les ha otorgado competencia, tenemos ya cinco sentencias. Es un cambio de paradigma bastante fuerte la convivencia de 36 sistemas jurídicos”. Otra de las características del sistema judicial de Bolivia es que el Tribunal Constitucional es plurinacional, lo que significa que al menos dos de los siete magistrados deben provenir de la justicia indígena originaria campesina.

Un claro punto de inflexión ha sido la reforma constitucional del año 2006, con la novedad de la elección de los jueces de los cuatro tribunales principales a través del voto popular. “Nosotros damos un paso más respecto de los países donde solo el Congreso elige, que agotan ahí su democracia. En Bolivia el Congreso selecciona a los magistrados y esos magistrados son luego elegidos por el voto popular. Esto es importante porque la independencia judicial exige que no exista un compromiso con los partidos políticos que están representados en el Parlamento. La legitimidad entonces viene del voto de la gente”.

Iván Lima Magne explicó que este proceso no está libre de problemas. Uno de los temas controversiales fue la libertad de expresión de los candidatos y la posibilidad de hacer campaña. “Para evitar los efectos de la disparidad de recursos de los candidatos la decisión que tomó el Parlamento fue que no se pueda hacer campaña. Solamente el Tribunal Supremo podía difundir los méritos de los candidatos. Esto es un problema porque la gente tiene que conocer quién es el candidato, y la prohibición del debate impidió que se llegue a conocer las propuestas”.

El juez boliviano rescata de este proceso la visibilización de la problemática judicial. “Es bueno que haya debate y es bueno que la gente esté interesada en esto. El tema judicial en esos dos meses era portada en todos los medios. El país comenzó a preguntarse por qué está tan mal la justicia y quién puede ofrecer una solución”.

Por último, Lima Magne expresó que la mejor forma de cuidar la independencia de los jueces de la región es el control social. “Cada seis meses el Tribunal Supremo de Bolivia rinde cuentas al país de qué es lo que ha hecho. Comenzamos a difundir información en las redes sociales y tuvo muchísima repercusión, la gente sí está interesada pero no sabía que, por ejemplo, un juicio penal en Bolivia cuesta casi U$S 7000. Y cuando se analiza el proceso ha sido muy ineficiente”.

La independencia del Poder Judicial en Brasil

Finalmente, el juez del Estado de Río de Janeiro Joao Damasceno centró su exposición en la permanencia de las prácticas autoritarias en el Poder Judicial de Brasil, que se expresan en una estructura jerarquizada heredada del “régimen empresarial-militar”. Damasceno explicó que “los jueces de primera instancia de justicia común federal y estadual y los jueces de trabajo son admitidos por concurso, mientras que todas las demás formas de investidura discurren a través de influencias que politizan el proceso de elección”. Damasceno sostuvo que este no es un proceso democrático, porque además los jueces de primera instancia, que son los únicos nombrados a través de un método de oposición de antecedentes, son justamente los que no pueden participar de la elección de los miembros de los tribunales estaduales y regionales.

Respecto de los métodos de selección y promoción de jueces, Damasceno afirmó que hay dos formas de promoción: por antigüedad o por merecimiento. La del merecimiento consagra a la elite institucional. Por su parte, los jueces que son promovidos por antigüedad llegan con una edad muy avanzada por lo que permanecen poco tiempo en los tribunales hasta su jubilación compulsiva a los 70 años. Un quinto de las plazas de los tribunales regionales y de los estados está compuesto por miembros del Ministerio Público y abogados nombrados por el Presidente de la República o por el Gobernador del Estado. “En 1988 se sancionó una nueva Constitución pero la Ley Orgánica de la Magistratura Nacional sigue siendo la misma. La oligarquía judicial jamás ha realizado un reclamo respecto de esto y esa ley sigue vigente. Toda la jerarquización de la magistratura, la descentralización política de las decisiones administrativas y los mecanismos disciplinarios y coercitivos controladores de la magistratura de primera instancia se remontan a la enmienda constitucional otorgada por un general-presidente en 1977 durante la dictadura que se llamó ‘el paquete de abril’, y fueron mantenidos por la Constitución de 1988”.

El problema central según el juez brasileño es que “estas designaciones no obedecen a una previa discusión con la sociedad. La independencia es absolutamente formal, el Poder Judicial tiene garantías formales para funcionar con independencia, pero los mecanismos propios de la formación social permiten la personalización y la adopción de criterios subjetivos en su funcionamiento, que puede implicar un funcionamiento apartado de la racionalidad propia de los valores republicanos”.

Damasceno señala a la violencia institucional como una de las falencias más graves del sistema de justicia de Brasil. “La violación de los derechos humanos es regla. En el ámbito policial son comunes las torturas, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas. En 2012 hubo 5900 desaparecidos, que tuvieron su último contacto fue con la policía”, afirmó. “Brasil es hoy el país con la tercera población carcelaria del mundo. Hay un acentuado proceso de la criminalización de la pobreza, y la justicia brasileña ha funcionado como homologadora de las ilegalidades policiales”.

Al finalizar su exposición, el juez del Estado de Río de Janeiro expresó que “el sistema de justicia de Brasil solamente estará en correspondencia con los intereses de la sociedad si se concibe como un auténtico servicio público, pautado por valores republicanos y volcado a la garantía de los derechos, especialmente de los excluidos”.

Durante la mañana del 31 de octubre los asistentes participaron de un workshop en el que se plantearon los ejes temáticos que estructurarán el trabajo conjunto durante 2015.


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