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09/12/2020 |

Comunicado de Justicia Legítima.

Habiéndose hecho pública la postulación por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de los Dres. José Luis Palazzo y Jorge Edmundo Barbará como profesores eméritos de esa casa de altos estudios, la Asociación Civil Justicia Legítima expresa nuestra preocupación por los valores antidemocráticos que expresa la propuesta, especialmente cuando importan un claro retroceso en los ideales democráticos y republicanos que históricamente ha expresado la Universidad Nacional de Córdoba, y el mensaje nefasto que, de concretarse, se transmitiría a su alumnado El primero de los nombrados fue jefe de Personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) durante la última dictadura, recibiendo incluso el apoyo explícito en forma de carta (16 de octubre de 1980), del genocida Luciano Benjamín Menéndez, en la que se hacía alusión a que el Prof. Palazzo ha sido "un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la Empresa de Energía de Córdoba" (EPEC). A partir de 1979 el Prof. Palazzo asumió como Fiscal de Estado del interventor militar Gral. Adolfo Sigwald. El Prof. Jorge Edmundo Barbará fue Secretario y Subsecretario de Gobierno durante las gestiones como intendente de la Ciudad de Córdoba y Gobernador de facto de Rubén Juan Pellanda, y firmante de la solicitada dirigida al embajador de Estados Unidos en la Argentina, pidiendo que no se prestara a "la campaña anti-argentina impulsada por guerrilleros y activistas que huyeron del país denunciando violaciones a los derechos humanos" (octubre de 1978). No resulta admisible para el estado derecho, el sistema democrático y el respeto a los derechos humanos, que una universidad pública otorgue el título de "profesor emérito", a quienes integraron las estructuras de poder durante las dictaduras genocidas que sufrió nuestro país. Mucho menos resultan admisibles tales designaciones, cuando lo son en el ámbito de una facultad de derecho, donde se forman las mujeres y los hombres que serán operadores del derecho, funcionarios y funcionarias, juezas y jueces, de cuya actuación dependerá avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria y de pleno respeto a los derechos humanos. El proceso de memoria, verdad y justicia que transita nuestro país no se agota en las causas judiciales de lesa humanidad, sino que se expande hacia todos los ámbitos de la vida social, como lo son las universidades, en donde es imprescindible un mensaje claro de compromiso con los derechos humanos y el Nunca Más.

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