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19/10/2018 |

Comunicado de Justicia Legítima

El país asiste en estos días a la denuncia pública por parte de Jueces que conforman el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, quienes expresan haber sido amenazados y presionados con motivo de casos en los que tienen que pronunciarse. La situación adquiere una dimensión mayor, en tanto estos jueces sostienen que esas presiones –a partir de filtraciones de los contenidos de las causas-, provienen de medios de comunicación de gran difusión, perio-distas que cuentan con enorme audiencia, y de la más alta autoridad de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.
 
Este funcionario ha respondido a las denuncias realizadas, con la determinación de someter a jury de enjuiciamiento a los magistrados denunciantes.
 
El cuadro descripto muestra un profundo resquebrajamiento del Estado de Derecho, y un total desprecio por el principio republicano de separación de poderes e independencia del Poder Judicial. La eventual disconformidad con el contenido de los fallos debe canalizarse a través de los recursos que la ley prevé a esos fines, pero en ningún caso puede dar pie a cuestionamientos a los magistrados que los emiten.
 
Por otro lado, no resulta admisible que el funcionario acusado concretamente de ejercer esas presiones indebidas sobre los jueces, sea quien lleve adelante el proceso de jury contra los jueces que le efectúan tal imputación.
 
Resulta extremadamente grave la naturalización de este estado de cosas, que se suma a la utilización abusiva y contraria a derecho del mecanismo de la prisión preventiva, la difusión pública de procedimientos de detención en condiciones humillantes, en particular a opositores políticos, la instalación desde el Poder Ejecutivo de doctrinas que consagran la impunidad para el obrar de las fuerzas de seguridad en cualquier caso (“Chocobar”), entre otras prácticas que ponen en jaque el Estado de Derecho.
 
Justicia Legitima, como organización apartidaria comprometida con el sistema democrático y el Estado de Derecho como únicas garantías para la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos, repudia tajantemente estos intentos de someter a presiones y amenazas a quienes integran las estructuras del Servicio Público de Administración de Justicia, y exhorta a las distintas instituciones del país a pronunciarse y ejercer los resortes constitucionales a fin de impedir tales acciones. 

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