Noticias

« Volver
28/08/2018 |

Comunicado de la Asociación Argentina de Juristas

La ASOCIACION ARGENTINA DE JURISTAS - Rama nacional de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) -, ONG con status consultivo ante la ONU, manifiesta su preocupación por la situación de grave emergencia institucional que se ha abierto en el país con el alegado motivo de esclarecer presuntos delitos vinculados a la corrupción, imputados, en lo sustancial, a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, durante el período 2003 - 2015 en que gobernaron el país. Resulta alarmante la situación inquisitiva y de presunción de culpabilidad, que se ha instalado por los medios de información hegemónicos, en una virtual e inédita alianza mediático-judicial, respecto de organizaciones políticas, gremiales y profesionales y personas de signo ideológico y/o político adverso al del gobierno nacional.
 
Y así, lo que parecería acreditar la existencia de una voluntad persecutoria en la actividad jurisdiccional del Estado ha tenido, el día 25 de agosto pasado, un principio de confirmación al afirmar (principal título de tapa de1 diario La Nación) que Justicia Legítima, una prestigiosa organización legal que reúne a jueces y juezas, funcionarios de los ministros públicos de la acusación y la defensa, catedráticos y abogadas y abogados, estaría siendo imputada de haber recibido dinero de uno de los imputados en las causas abiertas con motivo de la sedicente corrupción en la obra pública que este poder judicial se halla investigando.
 
La ex Presidenta de Justicia Legítima, Dra. María Laura Garrigós de Rébori, ha negado enfáticamente semejante imputación que afecta la honra y el prestigio de la Asociación Civil Justicia Legítima, exigencia que esta AAJ hace suya, por cuanto entiende que se está difamando, con afirmaciones temerarias y sin fundamento alguno, a una organización legítima, con la que se solidariza.
 
También y concomitantemente con lo anterior, nos preocupa la manifiesta anomalía e irregularidad que tiñe los procedimientos encarados activamente por el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, con miras a encarcelar a funcionarios del anterior gobierno y algunos empresarios a los que se acusa de diversos delitos vinculados al financiamiento de las campañas electorales y a la contratación y ejecución de la obra pública durante el período 2003 - 2015.
 
Es convicción de esta AAJ que la corrupción en el Estado y en la actividad privada, que debe ser combatida enérgicamente, es tan perjudicial para la sociedad como la violación de los derechos y la negación de las garantías lo son para la democracia y la república. Las  transgresiones a los procedimientos legales que estamos denunciando y rechazamos expresamente son diferentes en su expresión formal pero conducen a un mismo escenario de precarización del Estado de Derecho. Sucintamente mencionamos:
 
* La denuncias recibidas por un fiscal que no guardan relación de conexidad con ninguna causa en trámite deben ser enviadas a mesa de entradas para su sorteo, algo que el fiscal Stornelli, en su oportunidad, no hizo, lo que dio motivo a denuncias de lo que se conoce en la jerga específica como "forum shopping", pues envió dicha denuncia al juez que él mismo eligió, el Dr. Bonadío, quien, por añadidura, ha sido reiteradamente recusado por enemistad manifiesta con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se viola, de este modo, el principio de juez natural.
 
* La prueba documental esencial que da cuerpo y origen a las causas por corrupción son copias de unos originales que nunca aparecieron, lo cual impide la legal peritación que posibilite contar con el ineludible requisito de la datación de dicha prueba. En consecuencia, un acto ilícito ha dado inicio a todo el proceso.
 
* En el juzgado del Dr. Bonadío se ha configurado la anómala situación de que imputados en causas de coimas o de financiamiento ilegal de campañas, si se autoacusan y se acogen al régimen legal del arrepentido, recobran de inmediato su libertad ambulatoria, en cambio si se declaran inocentes quedan detenidos. Es una clara extorsión, que invalida absolutamente las declaraciones así obtenidas, y tiñe de ilegalidad las detenciones dispuestas. 
 
* Los allanamientos a domicilios de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner han sido deliberadamente espectaculares, mediáticos y con propósito humillante, además de inútiles, ya que, de haber existido en los mismos algún elemento incriminatorio para su propietaria, hubo tiempo de sobra para retirarlos. 
 
* El Senado de la Nación, en su sesión del 22 de agosto pasado, aprobó por unanimidad, el pedido de allanamiento a propiedades de la senadora Cristina Fernández de Kirchner haciendo reserva de las garantías constitucionales, entre las que mencionó, expresamente, la presencia del abogado de la senadora Kirchner en el procedimiento. Sin embargo, el juez Bonadío no permitió la presencia del defensor, Dr. Carlos Beraldi, en el domicilio de la senadora allanada, lo cual configura un evidente caso de violación de la ley y de negación de las garantías procesales correspondientes, al quedar afectado el inexcusable control del procedimiento por parte de la defensa de la imputada.
 
Todas estas violaciones al derecho configuran un cuadro de gravedad institucional, preocupa incluso a lúcidos exponentes de sectores oficialistas, que lo exponen en medios periodísticos afines al gobierno nacional. Así, el columnista del diario La Nación, Eduardo Fidanza, consigna, en la edición del 25/08/18, que es la legalidad lo que está en riesgo en el país, pues "... el vector democrático del sistema puede llevarse por delante al Estado de derecho... "; y que "... quizás la crisis y el destino de la democracia argentina se cifren en la resolución de estos problemas y de otros concomitantes". Lo que está diciendo ese columnista es que el principio político de la soberanía popular se sobrepone y enerva al  principio jurídico de la supremacía constitucional, y ello ocurre cuando la legalidad que dan las urnas, se concibe como un aval para avanzar sobre las libertades y las garantías, provocando su ilegitimidad.
 
Lo expuesto enfrenta a esta AAJ a la obligación de dar a conocer su opinión y su rechazo a tal estado de cosas. La deriva institucional en la Argentina ha desembocado en una coyuntura política en la que los poderes judiciales, en espuria colusión con las cadenas mediáticas y con el pretexto de combatir los "populismos", insinúan retrotraernos a épocas en que los derechos fundamentales de las personas eran violentados desde el poder del Estado. 
 
Adviértase que la situación descripta excede los marcos nacionales y desborda sobre todo el continente, atravesado hoy por una ola de persecución a los gobernantes y fuerzas políticas anticolonialistas que impulsaron el proceso de integración latinoamericana y caribeña, con el objetivo de destruir la UNASUR y LA CELAC.
 
Finalmente, hace un llamamiento a todos los estamentos, ámbitos y organizaciones que agrupan a profesionales del derecho de la Argentina, así como al conjunto de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos del país para estar alertas y movilizados con el fin de afirmar el Estado de Derecho y la vigencia de las libertades públicas y las garantías constitucionales, al tiempo que hace manifiesta su vocación y decisión de recurrir a las instituciones continentales e internacionales en caso de persistir y/o agravarse el estado de cosas que denuncia y rechaza enérgicamente.
 
Buenos Aires, 27 de agosto de 2018
MESA DIRECTIVA AAJ – Rama Argentina

Compartir
Seguinos en Twitter

.