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07/06/2016 | Facultad de Derecho

Debate sobre la Reforma del Sistema Judicial Argentino en el marco del programa Justicia 2020

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, participó en la actividad que se realizó en el Salón Vélez Sarsfield de la Facultad de Derecho de la UBA para debatir la Reforma del Sistema Judicial Argentino en el marco del programa Justicia 2020.

De Luca comenzó su intervención señalando que no se pueden llevar a la práctica reformas o políticas de estado sin un diagnóstico serio de campo, del estado real de la situación, realizado por gente que sepa del tema y en base a protocolos internacionales estudiados y pensados desde hace años. “Si nos vamos a valer de las estadísticas de los poderes judiciales o de las policías u otros organismos, nunca llegaremos al fondo de los problemas porque son deficientes y no discriminan sucesos, calidad o cantidad de trabajo”, afirmó. Si no se atiende esta cuestión, solo se tratará de una modernización que reproducirá el mismo sistema endogámico, perimido, no transparente y no democrático que obstaculiza el acceso a la justicia a los sectores de bajos recursos económicos y culturales. Por otro lado, De Luca recordó que el Poder Judicial “es una burocracia y cada modificación genera reacciones, como si fuese un organismo vivo”.

En cuanto a la Escuela Judicial, el fiscal propuso que esté totalmente desvinculada de los concursos para jueces, tanto del puntaje de antecedentes como de su consideración para esos concursos. Es decir, que la escuela no sea tenida en cuenta a esos fines, porque “se ha generado una especie de cursus honorum para acceder a la Magistratura, en demérito de los antecedentes de superior valía que podrían tener los concursantes”, aseguró.

Respecto de la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, el fiscal afirmó que deberían estar representados los miembros de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, en tanto sus integrantes son abogados que actúan de manera necesaria en todos los procesos, en el caso de los fiscales, o en el 70% de las causas penales, como ocurre con los defensores oficiales. El artículo 114 de la Constitución Nacional no lo prevé, pero tampoco lo prohíbe. Lo mismo se propone para el jurado de enjuiciamiento. En el caso de los académicos, De Luca sugirió que deben provenir de las universidades públicas, no de las privadas, y “debe rediseñarse y hacer eficiente el aspecto disciplinario de los magistrados y funcionarios”.

En relación a la administración y el aspecto económico del PJN, éste debe estar concentrado en el Consejo de la Magistratura (art. 114 CN) y no en manos de la Corte Suprema, que debe dedicarse exclusivamente a la delicadísima tarea de dictar sentencias finales en los temas más importantes para el país.

La elección de los consejeros jueces, según De Luca, no debe estar emparentada o llevarse a cabo en alguna asociación que reúna a integrantes del ámbito de la justicia, sino en el espacio oficial del Consejo (ver al respecto la Resolución 315/2006 del Consejo de la Magistratura).

Cuando el debate se centró en el tema del traspaso de la Justicia Nacional a la CABA, De Luca sostuvo que debe ser gradual, voluntario y con asignación de recursos.

Respecto de las subrogancias, los interinatos y la cuestión de los conjueces, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal propuso que existan jueces de reemplazo, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, luego de un concurso específico en el Consejo de la Magistratura, que conformen una lista de la cual sean extraídos cada vez que haya una vacante a cubrir. Estas vacantes no deben ser designadas por las Cámaras de Apelaciones o de Casación, porque estos tribunales son parte del problema. Las vacantes “no deben ser cubiertas por jueces de igual competencia, porque cuando esto sucede, si bien los magistrados trabajan el 100%, en realidad producen el 50% en cada cargo”. Si la ley dice que un tribunal tiene que tener un número determinado de jueces, eso quiere decir que todos esos puestos deben estar cubiertos por una persona/juez, no que un juez puede cubrir dos puestos. Según De Luca, “salvo en los casos de ausencia momentánea o de licencia por vacaciones, el sistema no puede seguir como ahora”. La propuesta del fiscal es que sólo cubran las vacantes como interinos o subrogantes las personas que estén en la lista conformada por concurso, acuerdo del Senado y propuesta del PEN. Si un secretario quiere aspirar a ello, debe estar en esa lista.

Por último, de Luca afirmó que “es igualmente importante que toda designación esté sometida al poder disciplinario, no sólo administrativo sino también patrimonial personal, una especie de mala praxis prevista en la ley”. Este punto hace referencia a los casos en los que abogados de la matrícula que fueron designados conjueces dictaron una resolución o sentencia escandalosa, y volvieron a su estudio sin ningún tipo de consecuencia.


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