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27/08/2020 | Ante el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público

Exposición de la Asociación Justicia Legítima realizada por Gustavo Caramelo

Voy a hablar en nombre de la Asociación Civil Justicia Legítima. La asociación es la formalización jurídica de un movimiento que nació como reacción a los juegos políticos y corporativos de sectores del sistema de justicia; expresa una lucha por una justicia independiente diversa y plural, trata de evitar que la justicia sea un coto de caza para intereses políticos o económicos; también queremos evitar que se perpetúen algunos aspectos que tienen su matriz cultural en la dictadura, que notamos en algunas cuestiones. 

En los últimos años la actividad judicial se ha visto irrigada por efluvios de los sótanos de la democracia que han posibilitado operaciones de Lawfare. Todo ello determina que nos encontremos ante una percepción social sumamente negativa, que ve al sistema de justicia como una corporación oscura, ineficiente, sospechada de corrupción y sobre esto es que les toca trabajar a ustedes. Entendemos que el trabajo, el objeto de consideración que ustedes tienen que afrontar, constituye algo que hace a un debate central de la Democracia, para poder restablecer a la justicia como un poder que sirva a un sistema democrático, republicano y federal de gobierno 

Vamos a establecer un conjunto de propuestas y las voy a dividir en dos tramos de exposición, tratando de respetar el lapso que razonablemente han establecido. Primero, uno de carácter general, que aplica a cualquier modificación que se vaya a hacer, y otro específico de cada uno de los órganos sobre los que se ha sometido a consideración por el Presidente de la Nación el trabajo del Consejo.

Entendemos que en cualquier reforma que se deben respetar las cuestiones atinentes al acceso justicia, se debe buscar ampliar el acceso a justicia en todos los niveles y en todos los órganos que entienden en la cuestión de justicia en la comunidad. Hay que descentralizar, hay que trabajar en la creación de “Casas de Justicia” en todo el territorio nacional, donde hay juzgados federales. Potenciar y  hacer crecer la estructura, como por ejemplo la que tiene el Ministerio Público en temas como ATAJO, para reforzar esto y además reforzar la estructura de Ministerio Público de la Defensa, en especial en todo lo que tiene que ver con la atención de las cuestiones no penales, esto es, de los derechos humanos de naturaleza económica, social y cultural.

Entendemos también que se deben integrar y establecer equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios para que puedan trabajar en materia de Justicia; esto, para morigerar las asimetrías que se suelen  dar entre quienes muchas veces tiene la posibilidad de litigar teniendo grandes recursos a disposición y los más vulnerables que no los tienen. Es necesario que los jueces y el sistema de justicia en general cuenten con esta visión interdisciplinaria y multidisciplinaria, que  enriquece y además hace a la complejidad de la sociedad hoy día, que no puede ser entendida exclusivamente desde la perspectiva de lo jurídico. 

Desde el punto de vista también de acceso a la justicia hay que facilitar los mecanismos de acceso a justicia gratuita y al beneficio litigar sin gastos, porque hoy día, en muchos casos, esos procedimientos constituyen casi una ordalía, por lo que hay que simplificarlos para que haya una posibilidad de acceso real.

En todas las líneas, incluso en lo que ustedes tengan que producir como documento, y en lo que nos toca a todos, hay que trabajar con lenguaje simple y accesible y con respeto a la perspectiva de género.

Otro factor muy importante a partir de lo que vimos en esta pandemia, es que este aceleramiento en la incorporación de la tecnología, no constituya una barrera digital, porque depende de cómo se lo administre también se puede establecer como una barrera digital para el acceso, como en su momento el proceso escrito lo fue para la gran cantidad de analfabetos que había en la República Argentina. Hoy podríamos tener problemas de acceso, entonces  hay que trabajar las cuestiones  de acceso a justicia vinculadas con la incorporación de tecnología  para asegurar que amplíe ese acceso y no que lo restrinja o dificulte. 

Entendemos también que tiene que haber un aumento de la participación popular en el servicio de Justicia, que todas las incorporaciones se tienen que hacer por concursos abiertos, con igualdad de oportunidades, para que pueda acceder cualquier persona y quebrar así las prácticas endogámicas y de nepotismo que han sido tradición en el sistema de justicia y en la misma perspectiva, ya adelanto, creemos que se tienen que  incorporar el juicio por jurados; que se debe incorporar, no sólo para lo penal, como estuvo originariamente previsto, sino que hay que pensarlo para otras cuestiones, como por ejemplo los debates sobre violación de derechos ambientales o afectación del medio ambiente, que puede ser interesante un aspecto no penal que se trabaje con juicio por jurados para la emisión de un fallo. 

Tiene que haber también una suerte de órgano externo de control, no digo una defensoría del pueblo, pero sí un órgano al que puedan acudir las personas que encuentran  dificultades en el acceso a justicia o inconsistencias, más allá de lo que constituye la potestad disciplinaria que pueden tener los distintos órganos judiciales, para hacer un relevamiento de cuáles son las dificultades en los distintos lugares del territorio y poder llevar adelante propuestas de modificación y hacer los señalamientos o pedir algún tipo de explicación, si corresponde. 

En todos los casos hay que trabajar con perspectiva de género. Esto tiene mucha importancia por dos aspectos, uno de ellos es por la igualdad que es necesario generar respecto de un sector de la población que sufre una asimetría histórica verificable y con respecto a lo que tenemos políticas públicas. Y el otro es porque es nodal, sirve para deconstruir en gran medida lo que es un esquema patriarcal del sistema de Justicia. Desde ese punto de vista hay que prever el ingreso democrático paritario en general en todos los niveles, igualdad de oportunidades en las promociones, licencias, acceso a capacitación especialmente. Hay que hacer evaluación de la perspectiva de género en la toma de decisiones de los jueces, de modo tal que se puedan llevar estadísticas, necesarias para presentar ante los organismos internacionales vinculados con la CEDAW que hacen control de las políticas de género de la justicia. Proponemos también que dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura, se cree un Observatorio de Género que articule con los organismos existentes en la Corte, como la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica, y con los de los Ministerios Públicos, de forma tal de posibilitar una articulación de políticas de género genuinas, que abran posibilidades y den una visión mucho más igualitaria en el funcionamiento de la justicia.

Del mismo modo también, como cuarto punto dentro de esto, dado el despliegue territorial de la justicia federal, se debe tener en cuenta la perspectiva de los pueblos originarios y así eventualmente, por ejemplo, cuando se trabaja con Casa de Justicia, establecerlas con capacidad de trabajar con las pautas culturales de la comunidad del pueblo originario con el que se vincule, con los apoyos logísticos necesarios para facilitar el acceso a justicia, tanto a estos sectores de la población como de cualquier otro sector que puede estar especialmente relegado.

En cuanto a las normas de transparencia, entendemos que la instalación de juicios orales en todos los fueros, respecto a todos los procesos de conocimiento, hace a una mejor transparencia del poder judicial, deconstruye un poco, acerca al juez. Por supuesto tiene que ser juicio oral y con inmediación judicial, no puede haber delegación de funciones en esto. Permite a la gente comprender mucho más que es lo que se decidió respecto de su causa y entonces quiebra un poco las desconfianzas y permite un acercamiento mejor a lo que es la perspectiva del trabajo de justicia, al tiempo que con eso cumplimos también con lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, que es una exigencia convencional, porque el derecho a ser oído es un derecho a una audiencia concreta y no a ser leído. 

Hay que lograr la máxima transparencia posible y la mayor simplificación en el seguimiento que pueden hacer los ciudadanos, los habitantes del país respecto del contenido de las causas en las que tramitan. Hay que mantener, en donde ya existe y sino implementar, el control de las cuentas del Poder Judicial y del Ministerio Público, por parte de la Auditoría General de la Nación. Hay que mantener la publicidad, y hacerla efectiva, de las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces. Instrumentar mecanismos transparentes para el sorteo y adjudicación de las causas que sean públicos, fácilmente auditables, tanto desde el punto de vista técnico informático como desde el punto de vista jurídico, y establecer reglas que impidan, neutralicen, las maniobras de lo que se conoce como “forum shopping” para la adjudicación de causas.

Eso con carácter general, ahora voy a cada órgano en particular.

En primer término me refiero a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  Entendemos que cabe pensar y considerar un aumento en el número actual de jueces y esto lo evidencia el funcionamiento de la propia Corte Suprema. El crecimiento que ha tenido en la cantidad de Secretarios  de Corte y de Secretarios Letrados, es notorio. Esto evidencia que hay un déficit ilógico en la relación causa-juez, y la elaboración de las decisiones debe estar a  cargo de los jueces, no de secretarios y por delegación de funciones; todos muy capaces realmente, la Corte tiene un staff  de personas de lujo desde el punto de vista de su capacitación, pero deben ser jueces.

Tiene que haber composición paritaria y federal. Si nosotros observamos la composición actual de la Corte, si bien responden a distintas provincias, todos ellos integran lo que la Ley 26.737, que es una ley de materia rural, llama la zona núcleo de producción sojera y agropecuaria del país; todos integran esa zona. Hay que pensar también en que haya jueces de distintas regiones del país, que respondan a y conozcan, por sus experiencias vitales y de formación, a distintas problemáticas de las distintas regiones del país.

Entendemos también que se puede pensar en Salas. De hecho la Corte tiene divisiones temáticas en distintas Secretarías y por algo tiene las divisiones temáticas. Por más que haya que resolver conflictos constitucionales en sí, se vinculan con un área determinada de derecho y con lo que ha sido el desarrollo del debate en esa área, por algo tiene esas Secretarías. La experiencia de división en Salas, la vemos en otros países como México, Chile, Colombia, etc  y en la experiencia nacional en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, San Juan, Tucumán, Neuquén, Chaco, no es algo ajeno a nuestro sistema y entendemos que esto no afecta el 104 de la Constitución, porque cuando el 104 de la Constitución se refiere a una Corte Suprema, entendemos que se refiere a una única Corte suprema y no, como ocurre por ejemplo en España, donde está dividido en Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, ocurre también en Colombia.

Creemos que tiene que haber audiencias públicas. Que se tienen que crearse Cámaras de Casación por materias. Que hay que reformar el artículo 280, porque no es concebible que la Corte no de razones de los fundamentos por los que rechaza algo, cuando es el tribunal de arbitrariedad, de todas las demás arbitrariedades que hay en el sistema.

Debe dejar las funciones administrativas que deben pasar el Consejo, de acuerdo al artículo 114 inciso tercero, de la Constitución Nacional, el que debe desarrollar esas funciones administrativas y planificaciones estratégicas y de apoyo logístico a otras áreas del Poder Judicial. Debe haber un Observatorio que trabaje en estos temas, integrado por profesionales de distintas áreas del CONICET, de universidades etcétera y que pueda generar esto.

En cuanto al Ministerio Público, entendemos que hay que avanzar en el sistema acusatorio con fortalecimiento institucional y presupuestario y la creación de los cargos que sean necesarios. Que hay que crear la Policía Judicial. Que la DAJUDECO tiene que volver al área de Ministerio Público. Que al Procurador se le puede fijar, al igual que al Defensor General de la Nación, un plazo de 7 años para el ejercicio y que se debe fortalecer también el área no penal, para que los fiscales puedan intervenir efectivamente en las cuestiones que la ley prevé.

Consideramos también que debe haber informes periódicos del Ministerio Público a la Bicameral que hace su seguimiento y que no se debe incorporar la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera al área de Ministerio Público. 

En cuanto la Defensoría General de la Nación, hay que designar defensores que se dediquen a los derechos económicos, sociales y culturales y hay que fortalecer la estructura de la defensa, haciendo convenios con los colegios de abogados en donde sea pertinente, donde no  haya estructura suficiente del ministerio público en forma autónoma.

Entendemos que tiene que haber juicio por jurados, como ya lo dije. 

Finalmente, consideramos que se debe producir el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires de todas las competencias ordinarias, como lo ha sostenido siempre Justicia Legítima; hay que cumplir con la cláusula constitucional del artículo 129, con respeto por la situación salarial, previsional, de estabilidad y la asignación de los recursos que sean necesarios como para poder realizar esta tarea.

Esto es en general lo que entendemos que cubre los distintos puntos que ustedes tienen como objeto de consideración y la posición que hemos querido sentar. Desde ya les agradecemos la posibilidad de ser escuchados y esperamos que puedan llevar adelante su cometido de la mejor forma posible, porque como dije, este es un debate de la Democracia, que a todos atañe, y que mejora la calidad de vida de todos los argentinos, sin lugar a duda, cualquier mejora que se puede hacer en el Sistema de Justicia. Muchas Gracias.


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