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04/10/2019 | Comunicado

Justicia Legítima y el Poder Judicial en Jujuy

Capital Federal, octubre de 2019

 

                  El pasado 27 de setiembre, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina, junto con el Consejo Federal de Política Criminal han comunicado que fueron recibidos por el señor Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales.

Los fiscales advirtieron al Gobernador sobre el copamiento de la Corte de Justicia de esa Provincia con la decisión legislativa del aumento de sus miembros y posterior designación como jueces del nuevo Tribunal, de Diputados por el oficialismo que habían votado la ampliación. Cuestionaron el nombramiento en un alto cargo del Poder Judicial de un pariente directo del Gobernador Morales y por la creación de una “Fiscalía de la Acusación” en “evidente contradicción constitucional”.

Dijeron que rechazaban un nuevo pedido de juicio político dirigido por el Fiscal General Lello Sánchez contra el señor Fiscal General ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, Dr. Alejandro Ficoseco, por carecer de fundamentos ciertos y repitiendo errores históricos y conceptuales del anterior pedido de juicio político, archivado por la Legislatura jujeña un día antes de esta nueva presentación.

El Gobernador contestó inmediatamente criticando al Consejo de Fiscales por “entrometerse en cuestiones de Jujuy”. Afirmó Morales que “Hay que destituir a Ficoseco y que si hacía falta él mismo lo impulsaría.”

Los consejeros finalizaron su documento sosteniendo que se iban de Jujuy “aún más escandalizados que cuando llegaron”

Reclamaron a los legisladores de la Provincia que ejercitaran su “obligación de poner límites al desborde del poder”.

Destacamos desde Justicia Legítima nacional la actitud en defensa de la división de Poderes y del cumplimiento de deberes que ha tenido el Consejo de Fiscales y el Consejo Federal de Política Criminal.

Si bien comprendemos la importancia de la función cumplida por dichas entidades, estimamos que debieron expedirse también sobre la gravísima situación que viene produciéndose desde el mes de enero de 2016, recién asumido el gobierno de la Provincia, referida a la persecución política estigmatizante que han llevado adelante los poderes ejecutivo y judicial de esa Provincia contra la señora Milagro Sala y muchos otros y otras integrantes de la Organización barrial, social y política Túpac Amaru.

A esa conclusión llegó el “Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias” de la Organización de Naciones Unidas. Como consecuencia de esa persecución política, hoy permanecen detenidas ilegítimamente, atentos a los fundamentos que exponemos a continuación, ocho mujeres y tres hombres. Tres de las mujeres en prisión domiciliaria. Milagro Sala es una de ellas.

Lo ocurrido en Jujuy fue denunciado en el año 2016 por Organismos de Derechos Humanos ante el Secretario General de Naciones Unidas luego de una denuncia que realizó el Comité Nacional por la libertad de Milagro Sala. Encabezaron la delegación, Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida y Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Alicia Herbon, de APDH y Gabriela Alegre, de Buena Memoria, entre otros y otras.

Describieron en su presentación las ilegalidades que se habían producido en los hechos persecutorios y de acoso contra aquellas personas.

El Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas, luego de controlar y valorar la documentación y demás constancias de las causas que se iniciaron contra Milagro Sala respondió: “…a la luz de lo que precede y conforme al mandato que le ha sido conferido, ha examinado el caso mencionado, teniendo en cuenta los elementos puestos a su disposición, y ha adoptado, el 24 de agosto de 2016, su Opinión No. 31/2016 (Argentina)”. Esta Opinión fue reproducida en la página web del Grupo de Trabajo y Mencionada en el informe que el Grupo de Trabajo presentó luego al Consejo de Derechos Humanos en 2017. Firmó la actuación y conclusiones el señor Presidente – Relator del “Grupo de Trabajo sobre la Detención arbitraria”, Satondji Roland Adjovi.

Entre otros fundamentos de la Opinión 31/2016 (Argentina), de público acceso a su conocimiento, se expone que “se implementó una estrategia de persecución penal de los referentes de la organización Tupac Amaru con el fin de impedir el desarrollo de una protesta social en la provincia de Jujuy”. Que “En el año 2009, la organización Tupac Amaru fue estigmatizada ante el Congreso Nacional como una organización que "impone terror" en Jujuy. Que “En el año 2012, la organización fue acusada, sin pruebas, de poseer 500 armas registradas en el Registro Nacional de Armas (RENAR), acusación que el propio organismo desmintió a los pocos días…”.

En el año 2017 algunos organismos de derechos humanos que se interesaron desde que comenzaron esos ataques a los derechos constitucionales de libertad ambulatoria y de organización social, manifestaron: “A un año de la detención de Milagro Sala, El pedido del Grupo de Trabajo de que la dirigente social fuera liberada inmediatamente, fue respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el secretario general de la Organización de Estados Americanos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) se pronunciaron en igual sentido. El Gobierno nacional ha decidido incumplir estas decisiones y sus compromisos internacionales.” Amnistía Internacional. Centro de Estudios Legales y Sociales.Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

El trabajo político por la democratización de los poderes judiciales, lo que implica respeto a los derechos y garantías constitucionales, está entre los objetivos fundamentales de nuestra asociación. Entendemos que lo que hemos recordado sobre lo sucedido en la Provincia de Jujuy, tal como lo denunciaron oportunamente los organismos de derechos humanos mencionados, ha sido un agravio a derechos y garantías individuales y colectivas. Por ello, Justicia Legítima considera que esta grave cuestión debió haber figurado entre los legítimos y oportunos reclamos realizados por los Consejeros antes mencionados, ante el Gobernador de la Provincia de Jujuy.


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