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10/10/2020 | Justicia Legitima

La Corte Suprema en su laberinto

En los últimos días el Senado de la Nación decidió no otorgar a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli el acuerdo constitucionalmente necesario para el ejercicio de los cargos que actualmente desempeñan de manera irregular, ello tras hacer saber los magistrados que no concurrirían a la sesión de la Comisión de Acuerdos del cuerpo, en la que se evaluó la cuestión. En lugar de ir a explicar sus razones en el Congreso, los ausentes interpusieron una acción judicial, rechazada en primera instancia y en la que la cámara de apelaciones no llegó a pronunciarse por haber hecho lugar la Corte Suprema a un pedido de intervención por salto de instancia –per saltum-, que motivó que ese tribunal vaya ahora a decidir sobre ese tema. Frente a tal cuestión Justicia Legítima ratifica su histórica posición en cuanto a que la judicialización de las decisiones que adoptan los órganos políticos, es decir la judicialización de la política, constituye una grave desnaturalización del orden constitucional, del principio republicano de división de poderes y del sistema democrático de gobierno. Y a lo expuesto se suma una tardía, culposa y utilitaria convocatoria del presidente de la Corte a una reunión de la adormecida Comisión Interpoderes por los Crímenes de Lesa Humanidad, frente a la que no podemos sino compartir la posición asumida por los organismos de Derechos Humanos y agencias gubernamentales, que decidieron no asistir a la reunión propuesta, actitud que debe leerse como un reclamo de cambio en la actitud de ese tribunal que, al tiempo que procura interferir en las decisiones del Congreso Nacional, parece haber desertado de su rol en la política de Estado en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Bajo la actual presidencia, la Corte Suprema ha abandonado el más relevante de los temas de la Justicia argentina para constituirse en un peón más, utilizado en el juego de las pujas partidarias. Ese abandono no se supera con una torpe convocatoria oportunista. Entendemos que la moral del proceso de memoria verdad y justicia no admite ninguna  utilización espuria para purgar viejas culpas. Los derechos humanos son el fundamento constitutivo de la nueva democracia en la Argentina.

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