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03/05/2020 | Justicia Legitima

La manda Constitucional del art. 18 y la protección integral de las personas privadas de su libertad

Ante la politización del espacio carcelario en el marco de la epidemia COVID- 19, Justicia Legitima considera necesario subrayar, en primer término que el Estado Argentino -los tres poderes- son garantes ante las personas privadas de su libertad de asegurar su vida e integridad física y proporcionar las condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. A su vez, la alarmante situación en que se encuentra la población carcelaria de nuestro país, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene y altos niveles de hacinamiento, posibilitan con mayor intensidad, sin lugar a dudas, el contagio del virus (COVID-19), especialmente en la población vulnerable: mayores de 60 años con enfermedades prexistentes y embarazadas. A fin de cumplir con el mandato constitucional de resguardar a las personas en encierro, y asimismo proteger la salud de la población de la comunidad, las Cámaras de Casación Penal Federal, Nacional, y de la Provincia de Buenos Aires, tomaron en cuenta las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 9 de abril (COVID-19 y Derechos Humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las Obligaciones Internacionales), entre otros documentos y dictaron sendas acordadas proponiendo a los magistrados de su respectivas jurisdicciones que adopten medidas alternativas al encierro, con el control que corresponda, para aquellas personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o hechos no violentos y teniendo en cuenta las características de cada proceso; personas condenadas por delitos no violentos que estuvieran pronto a cumplir la pena impuesta; personas condenadas a tres años de prisión; personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional; mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas; personas en riesgo, como adulto mayores con enfermedades prexistentes que puedan exponerlas complicaciones graves a causa del COVID -19. En relación a este último grupo vulnerable se establece como condiciones para otorgar las medidas alternativas: 1) la imposibilidad de proteger su salud si permanecieran detenidas; 2) la no gravedad del delito cometido, la inexistencia de riesgos procesales y el plazo de detención para los procesados. Los maledicentes proclaman que con dichas acordadas se "abrieron las puertas de las cárceles", lo cierto es que con suma prudencia se exhorta a la aplicación de las recomendaciones con carácter restrictivo en caso de delitos graves, conforme las normas convencionales, constitucionales y de derechos interno, delegando en los jueces las decisiones del criterio a adoptar. Las personas que se encuentran hoy en encierro son parte de nuestra comunidad, por los que las políticas de salud pública las comprenden, y en el supuesto de que la pandemia ingresara a las prisiones repercutirá indubitablemente en el sistema sanitario general. La politización partidaria del problema no contribuye a resolverlo.

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