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13/10/2016 | Políticas públicas

La riesgosa política del gobierno para las Fuerzas Armadas

OCTUBRE 2016

Carlos Acuña, Ileana Arduino, León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Paula Canelo, Gastón Chillier, Agustín Colombo Sierra, Enrique Del Percio, Katchik Derghougassian, Rut Diamint, Natalia Federman, Enrique Font, Sabina Frederic, Jaime Garreta, Gabriel Kessler, Paula Litvachky, Ernesto López, Pablo Martínez, Germán Montenegro, Alejandra Otamendi, Gustavo Palmieri, Hernán Patiño Mayer, Raúl Sánchez Antelo, Marcelo Sain, Luis Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vásquez, Horacio Verbitsky.

CELS

CONVERGENCIA XXI

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Luego del fin de la dictadura y debido al protagonismo que las Fuerzas Armadas tuvieron durante el siglo XX y a su responsabilidad en el terrorismo de Estado, la no intervención castrense en la seguridad pública fue el pilar del sistema político e institucional democrático. Así se plasmó en tres leyes y un decreto, sancionados y reglamentados durante presidencias distintas, que expresan el más importante acuerdo interpartidario conseguido en democracia.

La Ley 23 554 de Defensa Nacional fue sancionada en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, luego de un complejo proceso político en el que se disputaron visiones contrapuestas sobre el rol de las Fuerzas Armadas. La aprobación en 1991 de la Ley 24059 de Seguridad Interior, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, contó con un importante arco de apoyos. Finalmente en 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, a pesar de la presión de algunos sectores para habilitar la intervención militar en actividades de inteligencia ante los fuertes conflictos sociales, fue aprobada la ley de Inteligencia Nacional que la prohíbe expresamente. El armado legal se completó y precisó mediante el decreto 727/06 reglamentario de la Ley de Defensa, firmado por el presidente Néstor Kirchner, que reafirma y aclara el concepto de agresión externa.

En conjunto, el marco normativo vigente establece que la defensa nacional es el ámbito exclusivo de injerencia de las fuerzas armadas, desarticula las prerrogativas previas en materia de seguridad e inteligencia interior y regula con carácter de excepcionalidad y por un tiempo acotado su eventual intervención en la órbita de la seguridad interior, delimitando situaciones muy específicas: el caso de una agresión armada dentro de la propia jurisdicción militar; la petición de apoyo logístico por parte del Comité de Crisis bajo disposición del Ministerio de Defensa; y el desborde sobrepasado o conmocion del sistema de seguridad interior con previa declaración de estado de sitio por parte del Congreso.

El artículo segundo de la Ley de Defensa circunscribe con precisión el objeto de la defensa nacional a “la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar agresiones de origen externo.” Distintos sectores han sostenido que el terrorismo y el narcotráfico pueden ser definidos como “agresiones de origen externo” para justificar la intervención militar en estos temas. Sin embargo, el decreto reglamentario de la Ley de Defensa y el derecho internacional circunscriben las amenazas de origen externo a las que pueden ejercer otros Estados. Tal como quedó plasmado en la resolución 3314 de Naciones Unidas, “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. La Resolución enumera siete situaciones pero ninguna contempla a actores no estatales.

Esta regla constitutiva de demarcación favoreció la desmilitarización del sistema político. Así la Argentina pasó a ser el país de la región que, junto con un reducido grupo de democracias, define tajantemente el rol principal de las Fuerzas Armadas como la defensa contra agresiones externas de otros estados y como “misiones subsidiarias” su intervención eventual en actividades no militares, bajo condiciones muy precisas.

La demarcación se mantuvo relativamente estable durante más de tres décadas, aunque existieron varios intentos de suprimirla o debilitarla apoyados en hipótesis alarmistas respecto de la situación social o en argumentos vinculados a la prevención del narcotráfico y el terrorismo. Estos intentos nunca contaron con acuerdos suficientes porque una posición mayoritaria defendió la estructura legal existente, incluso durante la crisis de diciembre de 2001.

En 2011, la delimitación entre defensa y seguridad fue puesta en tensión con los Operativos Escudo Norte y Fortín I y II encargados a la Fuerza Aérea. El objetivo fue incrementar la vigilancia y el control de los espacios aéreos, fluviales y terrestres en las fronteras del norte argentino mediante el empleo de radares y recursos militares, en articulación con las fuerzas de seguridad. Las funciones militares se limitaron por vía reglamentaria para prohibir las tareas de patrullaje operativo y de análisis de la información de inteligencia obtenida por los radares. Sin embargo, en 2013 se resolvió ampliar el despliegue terrestre con el envío de efectivos del Ejército en tareas no específicas de cuidado de las fronteras. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner justificó estas acciones en la necesidad de actuar contra el tráfico de drogas. Al mismo tiempo, se decidió involucrar al Ejército en tareas sociales o de asistencia durante catástrofes por fuera de los casos previstos en la Ley de Seguridad Interior.

En paralelo, durante las últimas campañas electorales, referentes de distintas fuerzas políticas sostuvieron la necesidad de sumar a las Fuerzas Armadas en “la lucha contra el narcotráfico” y la inseguridad, y presentaron proyectos para reformar la ley de Defensa. Estos hechos fueron antecedentes preocupantes pero no implicaron modificaciones normativas.

La participación militar en las cuestiones internas es fomentada por los Estados Unidos desde la década del cincuenta como política para América Latina. Mientras que el eje estructurador de la “Doctrina de Seguridad Nacional” era la existencia de “enemigos ideológicos”, el actual replanteo de las misiones castrenses y su legitimación se basa en la necesidad de enfrentar “nuevas amenazas”, entre ellas el narcotráfico, desde una perspectiva bélica. En la Argentina, la idea de que el “avance del narcotráfico” es el principal problema de seguridad –aunque no haya ninguna investigación seria que lo confirme–, justifica esta perspectiva. A partir de esto, como solución a la inseguridad, se impulsa una ampliación del rol principal de las Fuerzas Armadas y la militarización de la estrategia de intervención policial.


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