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10/05/2020 | Justicia Legitima

Pronunciamiento de JL frente a la situación carcelaria argentina en el marco de la pandemia por coronavirus

El Estado de Derecho exige que cuando se somete a una persona a pena privativa de la libertad, se la priva de la libertad ambulatoria, mas no del resto de los derechos. El Estado, se constituye en garante de la vigencia de los derechos no afectados por la condena (art. 2 de la ley 24660), esto es, debe realizar todas las acciones pertinentes para efectivizar, en este caso concreto, el derecho a la salud. Sabemos que en esta situación particular y excepcional de pandemia que estamos atravesando, se deben extremar las medidas sanitarias tendientes al cuidado de la salud de todas las personas que se encuentran en nuestro territorio. En este sentido, son claras las indicaciones dadas desde la máxima autoridad estatal nacional -y que han contado con el apoyo unánime de las autoridades de las diversas jurisdicciones provinciales y CABA-, cuyos argumentos se encuentran plasmados en los sucesivos DNU que se han dictado instaurando la cuarentena. Entre esas indicaciones claramente se encuentra la de mantener distanciamiento social entre las personas. Sin embargo, “Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica han permitido la rápida propagación de COVID-19 en muchas instalaciones”, ha afirmado la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU. Por eso, a nadie escapa que la sobrepoblación y el hacinamiento a que están sometid@s l@s intern@s del país, conlleva la imposibilidad de cumplimiento de esa disposición estatal de distanciamiento social. Es que además de la convivencia de un número de personas por celda que supera con creces la originalmente prevista para ese espacio físico, el contacto directo y sin distanciamiento se multiplica en los lugares de uso común dentro del pabellón. A lo expuesto se agrega que a las cárceles ingresan y egresan cotidianamente una gran cantidad de personas –como guardias, médic@s, administrativ@s, proveedor@s, etc.-, lo que hace altamente probable que el virus en cuestión, pueda ingresar fácilmente, y provocar un contagio masivo, ineludible y rápido, colocando en situación de riesgo real a toda la población carcelaria, y a la vez someter gravemente a peligro de saturación al sistema sanitario, común a toda la ciudadanía. Organismos de derechos humanos internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, han sostenido que para proteger la vida de internos y de personas que viven en libertad, deberá privilegiarse la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas por los delitos más leves o, excepcionalmente, cuando haya situación actual de peligro de vida de personas procesadas o condenadas por delitos más graves. Todo ello para reducir en lo posible las cárceles y permitir de esta manera que el resto de la población carcelaria de más graves condenas puedan permanecer en prisión sin hacinamiento. Como consecuencia de ello, miles de presas y presos han obtenido su libertad o prisión domiciliaria en países como Inglaterra, Francia e Italia. Resulta evidente que también en Argentina es necesario descomprimir el hacinamiento existente, subrayando que, sin excepción, la decisión a tomar en cada caso será resorte exclusivo del Poder Judicial, esto es, de l@s jueces y juezas que tengan a cargo los procesos penales en que estén involucradas las personas privadas de libertad y que podrían ser destinatarios de estas medidas que hacen eje en el derecho a la vida y a la salud. Entre los factores a considerar para la adopción de estas medidas, pueden mencionarse:

- El estado de salud y la edad de la persona privada de libertad

- El acceso real de esa persona a medidas de prevención ante el virus, tales como aislamiento social, higiene, medicación, etc.

- La naturaleza del o los delitos por el que se encuentra sometid@ a proceso.

- La situación procesal de la persona privada de libertad, dado que siempre es de fundamental importancia el estado de inocencia que implica no haber sido condenado mediante sentencia firme, lo que torna excepcional y permanentemente revisable su prisión preventiva, a lo que se suma la excepcionalidad de la situación.

- El riesgo procesal que reviste la persona privada de libertad, consistente en datos objetivos y verificables que hagan presumir que puede fugarse o eludir el accionar de la justicia.

Analizados esos factores, el tribunal deberá decidir si otorga la excarcelación, que consiste en la recuperación de la libertad, o si dispone que esa persona continúe detenida bajo una modalidad diferente, que puede consistir en su alojamiento en una institución que garantice la prevención sanitaria ante el Covid 19, o en la medida que se conoce como prisión o arresto domiciliario, que significa que la persona seguirá privada de libertad, pero en su domicilio o en uno que se designe al efecto, y cumpliendo condiciones que se fijen para garantizar el cumplimiento de la medida como, por caso, las pulseras magnéticas, y el reingreso a su alojamiento carcelario, en caso de que se solucione el problema de fondo, es decir el posible contagio y peligro de muerte. Por otro lado, deberán garantizarse también las condiciones de resguardo adecuado ante la pandemia, de l@s intern@s que permanezcan en los establecimientos penitenciarios por no reunir las condiciones para su externación. En cuanto a las personas privadas de su libertad por la comisión de delitos de lesa humanidad, se ha pronunciado el Relator Especial de la ONU sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, Fabián Salvioli, en relación a procesados y condenados por delitos de lesa humanidad: COVID-19: “No hay excusa para la impunidad de los condenados por crímenes de lesa humanidad” –GINEBRA (29 de abril de 2020) - Las medidas urgentes de protección contra la COVID-19 en cárceles superpobladas no deben conducir a la impunidad de las personas condenadas en muchos países por graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. El derecho internacional existente prohíbe la adopción de medidas que generen impunidad, de derecho o de hecho, para las personas condenadas por esos delitos. Si esto es imposible, se debe conceder el arresto domiciliario temporal, con los controles adecuados. Sin embargo, los individuos deben regresar a la prisión una vez que la situación de emergencia haya pasado, para cumplir el resto de su condena”. En definitiva creemos que resulta impostergable afrontar el problema carcelario argentino, en lo coyuntural, para reducir al máximo posible la transmisión del COVID 19 en el interior de los establecimientos carcelarios, y como cuestión de fondo, para superar la profunda crisis de hacinamiento, falta de higiene y condiciones dignas de vida, que permitan cumplir con el mandato legal atinente a que las cárceles sirvan para la adecuada reinserción social de los detenidos "promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad" (art. 1 de la ley 24.660).


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