Noticias

« Volver
28/06/2016 | Participó Javier De Luca

Reunión de comisiones del Senado sobre la ampliación de la Corte Suprema

Audiencia en reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos Penales y de la Banca de la Mujer, a fin de considerar proyectos de Modificación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Acceso a la Información Pública. 28 de junio de 2016. Salón Arturo U. Illia.

A continuación, la intervención de Javier Augusto De Luca[1]

 

         1 Introducción

Participé en decenas de comisiones y asesorías de distintos proyectos de ley con todos los gobiernos, de Alfonsín para acá, y como reúno la doble condición de “judicial” y docente universitario, además de verme particularmente interesado porque fui secretario letrado de la Corte, y antes secretario de primera y segunda instancia de varias cámaras de apelaciones, empleado, y provengo de una familia de abogados. De modo que no sólo hablaré de derecho, sino también de la experiencia de muchísimos años, propia y de terceros.

El tema que nos convoca es muy delicado. Viene cargado de asuntos que tienen 150 años y que responden no sólo a ideologías jurídicas imperantes en las distintas épocas, sino a una determinada cultura. Creernos aquí y ahora que estamos predestinados a cambiar radicalmente las cosas, es lo peor que podríamos hacer. 

Como se trata de una política de estado, primeramente deberíamos atender cuál es el marco político en el que se discute la integración de la Corte. Aquí, ahora, en la Argentina de hoy. Cuál es el proyecto político del país. Las modificaciones en la Corte y su funcionamiento van a legitimar un determinado proyecto político o van a estar por encima de toda coyuntura y constituir una política de estado permanente y válida aunque cambien las visiones partidarias. Por ejemplo, si el aumento de integrantes se está pensando como moneda de cambio de facciones políticas, vamos mal. Esto ya pasó en la Argentina.

Buena parte de los problemas, está en el Consejo de la Magistratura y tribunales inferiores, pero eso no se va a resolver con ser más estrictos con los requisitos legales para acceder a la Corte. Ésa es una visión ingenua que termina siendo antirrepublicana, porque consagra y justifica la denegación de justicia de la Corte.

De allí saldrá la respuesta a la pregunta de por qué o para qué quieren cambiar las cosas y por qué creen que cambiando la composición de la Corte, u otras cuestiones, van a mejorar. Para quién van a mejorar?; para los jueces o para los justiciables?; para todos los justiciables, o se van a acentuar las desigualdades de acceso a la justicia?.

Es que más allá de la idea de ampliación de la Corte en abstracto, debemos ver a qué sociedad y magistrados se aplicará esa modificación. Mi experiencia como secretario de varios tribunales colegiados argentinos, y desde hace unos cuantos años, como fiscal ante ellos, es variada y escéptica. Los egoísmos y narcisismos de sus miembros impiden un buen trabajo del cuerpo; pocos jueces saben respetar la jurisprudencia del cuerpo, a pesar de sus opiniones personales. No se trata de esta coyuntura, de tal o cual juez con nombre y apellido, sino de algo ínsito en la idiosincrasia de nuestros magistrados. Es como que nadie quiere dar el brazo a torcer. Ni siquiera se respeta la jurisprudencia de la CSJN, aunque uno piense distinto. Mucho menos la de las cámaras de apelaciones o de casación o superiores tribunales de provincia, porque las diferentes Salas dicen cosas distintas sobre los mismos asuntos. Además, en gran cantidad de casos, los jueces van rotando de Sala en Sala y llevan consigo su visión de los temas. Es muy difícil saber cuál es la jurisprudencia reinante sobre un asunto.

Debemos tener en cuenta que las propuestas no pueden alterar el texto Constitucional, sino que sólo tendrán jerarquía legal. Así, la competencia originaria de la Corte no se puede cambiar[2].  

Se alegan cuestiones de concentración de poder, de género, de falta de celeridad en el trabajo, de ausencia de especialización en las distintas ramas del derecho, y de la necesidad de introducir una mayor pluralidad de miradas y voces en el Alto Tribunal y de atender la distribución federal o regional de sus miembros. Bueno, todo eso, ya está resuelto en el Decreto PEN 222/03.   

Ahora bien, pero ¿qué es lo que habría que cambiar para mejorar esos tópicos? Elevar el número a 7 miembros y designar a dos mujeres. Bueno, bien. Pero, ¿penalistas, privatistas, especialistas en derecho público, internacional, de provincias? Hay algo que se pueda hacer para delimitar un perfil de juez de la Corte?

Muchas propuestas chocan con la propia realidad. Ejemplo, se propone el dictado de leyes que restrinjan el acceso a la Corte para sacarle trabajo. Pero eso ya pasó y no funciona. La ley 4055 de 1902 creo las cámaras federales de apelaciones y consagró que para acceder a la Corte el medio sería un medio excepcional, el recurso de extraordinario federal vigente para los casos de provincias. En poco tiempo estuvieron llenos de causas, eso sí, que habían pasado por las cámaras de apelaciones. Y ello fue así porque las restricciones no respetaron la propia realidad. Y la realidad indicó siempre que la Corte va a obviar esos requisitos cuando quiera entrar al conocimiento de un caso (hasta inventó el per saltum), o pese a que estén cumplidos, no tratará un caso que no quiera (con cualquier requisito de admisibilidad). Ese pensamiento hasta lo han escrito en la Acordada 4/2007 donde, después de una serie de cuestiones sobre los renglones, tamaño de las hojas, etc., dicen que podrán hacer excepción a todo eso si el caso lo amerita. Notable. 

Es que no existe un juez que no haya tratado un tema porque consideró que no entraba en o excedía su competencia hacerlo. Cuando un juez dice eso, es porque no quiere tratar el tema correspondiente. De hecho, la Corte inventó la doctrina de la arbitrariedad de sentencias sin que la ley la estableciera[3]. ¿Por qué lo hizo?, porque el problema está abajo, en los tribunales inferiores y provinciales de todo el país. El producto que llega a la Corte es altamente insatisfactorio. No hay verdadera satisfacción del derecho a acceso a la justicia, no hay respuestas fundadas en los hechos y el derecho a los conflictos, la intervención de los tribunales no aclara, sino que oscurece o politiza los problemas, etcétera.

Pero la detección de ese asunto no contesta si el H. Congreso de la Nación debe o no modificar cosas de la Corte, porque lo que pasa abajo no lo podrán modificar con una sola ley.   

Existe una forma despótica de resolver los asuntos que es no resolverlos, dilatar su solución, poner obstáculos formales para no llegar nunca al fondo del asunto. La morosidad es selectiva, nunca es azarosa. La Corte podría poner directamente una “plancha” al 99% de los casos hoy mismo y se quedaría con el  trabajo que le interesa. Aunque la sentencia impugnada fuese una injusticia tremenda o hubiese generado un problema institucional terrible al país ¡Y este H. Congreso legitimó ese sistema al sancionar el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación!

Lo que no se sabe puertas afuera es quecon el 280 CPCC el trabajo interno de la Corte es el mismo. Todos los casos se leen y decide qué hacer. El 280 es para que los jueces no tengan la obligación de poner la cara. Es una visión totalmente antirrepublicana y antidemocrática de hacer justicia. No deberíamos seguir hablando del certiorari norteamericano para autoconvencernos de la valia de un instituto ajeno a nuestra cultura jurídica, basado en la suplica de justicia y no en el servicio que deben prestar los magistrados en una República. 

Para satisfacer las demandas del servicio de justicia bastaría con que en dos considerandos, diez renglones, la Corte pusiese una explicación sobre el nudo del asunto por el cual no se hace lugar o se declara inadmisible un recurso. Y esto se hacía antes del 280. Había una colección de planchas. Le ponían algo así como “Mire, Ud. viene contra un auto de procesamiento confirmado y sin prisión preventiva. Bueno, eso no es resolución equiparable a sentencia definitiva. Su recurso es inadmisible”. Listo, todo el mundo entendía y los terceros podían chequear por qué se había rechazado un recurso. La primera propuesta sería derogar el art. 280 CPCC.    

También deberán preguntarse cuánta libertad reglamentaria le van a dejar a la Corte mediante el dictado de una ley. Ej. 1, la Acordada 4/2007 explica el formato del Recurso Extraordinario bajo pena de declararlo inadmisible. No está en ninguna ley. Resultado, hay casos de denegación de justicia flagrantes.

Ej. 2. La Corte creó todo un sistema de notificaciones electrónicas a fiscales y defensores oficiales en contra de las leyes procesales que exigen que nos tienen que notificar en los despachos (ello está previsto así desde hace cien años porque los fiscales y defensores oficiales tenemos cientos, miles de casos, y por esa misma razón no hacemos la “recorrida”, pero debemos cerciorarnos de lo que ocurrió en cada expediente antes del auto que se notifica, y sin el expediente en mano no lo podemos hacer). Las partes necesarias en todos los procesos, ¿qué hacemos mientras tanto? Tuvimos que disponer que dos empleados se estén fijando todo el tiempo qué notificaciones van cayendo en la casilla. Ahora se les ocurrió que las partes tenenos que cargar los escritos y dictámenes por internet, antes de recibirlos en las mesas de entrada, en lugar de hacerlo un empleado del PJN. Es decir, somos las partes los que solucionamos el trabajo de los jueces y funcionarios del PJN y no al revés.

Ej. 3. Hoy la Corte no tiene plazos para resolver y hay casos en que, con el simple hecho de pedir la remisión de los autos principales, se paraliza el trámite de las causas.

El problema es determinar la función que debe cumplir la CSJN y, para ello, quizás sea necesario repensar la ley 48 y sus agregados y dictar una nueva ley orgánica con distinta función. Por ejemplo, que sea sólo un tribunal constitucional, y decidir si esa función debe cumplirla erga omnes, con una querella abstracta, a similitud de los tribunales constitucionales europeo-continentales, o, por lo contrario, en el caso litigioso. Existen un montón de problemas de legitimación para acudir a ella y de procedimiento, y se ha visto en los últimos tiempos que la Corte se ha puesto a resolver casos plantados por una asociación que no representa a todos los involucrados, que pueden ser jueces, fiscales, defensores, imputados, víctimas, abogados particulares, funcionarios y empleados, etc. etc.;  b) Si es conveniente que el control de constitucionalidad de las leyes y actos de gobierno lo sigan haciendo o no los jueces y tribunales inferiores. Pero a esta solución sólo se podrá llegar mediante un amplio consenso que incluya a los actores del Poder Judicial y Ministerios Públicos y abogados de la matrícula, porque de otro modo, la propia Corte lo declarará inconstitucional con cualquier pretexto, con alguna acción promovida por algún actor “a la carta”.

Dentro de esa gran y profunda discusión debería explicitarse qué Corte se quiere: si una Corte aristocrática (los justiciables suplican por justicia) o una democrática (más y mejor acceso a la justicia). Esto es una cuestión de ideología política y debe ser manifestada. Si la mayoría de los representantes del pueblo y de las provincias quiere una corte conservadora que sólo atienda los derechos de primera o segunda generación, o una Corte progresista, que atienda también los derechos de tercera y última generación. Que resuelva solamente problemas de derecho federal políticos o que se ocupe en mayor medida de las garantías individuales y sociales de los habitantes.

 

         2) Una clasificación metodológica para trabajar

Existen tres cuestiones a tener en consideración en esta tarea: a) la composición, b) su funcionamiento, y c) el contenido del producto del tribunal.

Las tres cosas están interrelacionadas.

Por ejemplo, la resolución de los conflictos de competencia entre tribunales podría ser realizada por un solo juez de la Corte, en una semana, porque no es un asunto de la Constitución Nacional, sino una competencia de jerarquía legal. Los trámites de cientos de causas de todo el país se paralizan por estas cuestiones.

Otra ley podría reglamentar mejor el art. 114 de la CN y quitarle a la Corte todo lo concerniente a lo administrativo y económico del Poder Judicial, lo cual se frustró en la última reforma llamada de “democratización de la justicia”.

Además, la Corte se dedica a cosas que no debería porque no son de su única función asignada por la Constitución, tales como oficinas que atienden conflictos personales y problemas sociales, administra cuerpos periciales, investigaciones, estadísticas, la Obra Social, la farmacia, tiene la administración de los recursos que percibe por depósitos y secuestros en causas de todo el país, sus jueces están todos los días realizando tareas protocolares (muchas de ellas, a mi juicio, totalmente inconvenientes y que profundizan el descreimiento en la Corte), etcétera. Así, no hay tiempo que alcance para dictar sentencia en los 10.000 expedientes que ingresan por año.

Quiero aclarar una cuestión. No es que en la realidad lo haga mal, sino que no corresponde que lo haga y que lo hace porque no hay ningún organismo que lo pueda hacer mejor. Los jueces no tienen que ocuparse de esas cosas.   

El retorno a lo meramente jurisdiccional, le devolvería el prestigio.

Por supuesto, una ley que le restringiera facultades que no son constitucionales, paralelamente debería poner los puntos sobre las íes al Consejo de la Magistratura, que se ha mostrado totalmente inoperante para resolver esas cuestiones en 24 horas. Si a un juez federal le cayó una causa tremenda, la asignación de personal especializado no puede esperar más que unas pocas horas. Y eso no lo resuelve hoy el Consejo, sino la Corte que le manda un contratado. Entiendo que el asunto no es jurídico, sino de organización institucional.

 

         3) Ampliación y división en Salas

Algunos maestros del Derecho consideran que debería ampliarse la composición de la Corte y dividirse en Salas. La Corte actuaría en unidad cuando se tratase de cuestiones federales o de inconstitucionalidades, porque la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto gravísimo. Son pocos los casos.

Y lo haría dividida en Salas para todo lo concerniente a la arbitrariedad de sentencias, que son cuestiones de hecho, prueba, derecho común y procesal, pésimamente resueltas. Donde especialistas en las grandes ramas del derecho, pudiesen advertir mejor la arbitrariedad de una sentencia.

Respecto de esto debo decir dos cosas:

(a) Ello desconcentraría un poco el poder que yace en este momento en una Corte de pocos jueces. Uds. saben lo que pasa: el poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe absolutamente.

Y, (b) no habría problema constitucional para hacerlo, porque la expresión “la” Corte o “una” Corte en la Constitución no puede significar algo distinto a lo que se interpreta en las innumerables leyes que hablan de “la” cámara de apelaciones, “la” cámara de casación, “el” tribunal tal o cual, etcétera, que no impidió que esos cuerpos mencionados en singular, fuesen divididos en Salas.

La inteligencia que hizo la propia Corte en la Acordada 44 del 22/9/89 (Fallos: 312:1513) de sí misma, cuando se estaba discutiendo su ampliación a 9 miembros (lo que así ocurrió) no es determinante. Toda la vida, con cualquier composición, existieron sentencias suscriptas por la simple mayoría de miembros, sin necesidad de que la suscribiesen todos (de conformidad o en disidencia), ello demuestra que no era necesario que todos sus miembros designados firmaran y, que aún así, había Corte. 

Y no es tampoco un problema el número de miembros, que también cuestionó la propia Corte en esa Acordada en aquel momento, porque ya la Constitución de 1853, no la ley, sino la propia Constitución, establecía el número de 9 miembros.

Otro ejemplo: la Corte suele delegar en jueces inferiores la instrucción de casos criminales de embajadores, que por naturaleza son de competencia originaria y exclusiva dice la CN. Se observa que allí tampoco estaría juzgando “la” Corte.

Tampoco es un problema la realización de tareas de contenido judicial por parte de secretarios letrados, porque ellos se limitan a estudiar y proyectar conforme directivas generales que emanan del colegiado. Esto es un trabajo de años que se hace en tribunales y hay un entrenamiento muy claro al respecto. Todos nos hemos formado así. Es además, un contralor para el magistrado. Los temas están estandarizados y los que hemos hecho miles de proyectos para todos los jueces de todas las instancias y ahora, que firmamos los que nos hacen, sabemos cómo leer para saber que lo que se está firmando es nuestra decisión y no la del colaborador.  Si un juez es un vago o un ignorante, el problema no es la delegación, sino el juez.

Pero el problema que tiene tal ampliación y la división en Salas es la falta de uniformidad en la jurisprudencia de las distintas salas, con lo cual el producto sería disperso y, con ello, falto de autoridad. Es que la Corte debe ser la última palabra y si cada Sala piensa distinto, no lo será. Los especialistas de una Sala no siempre estarían presentes y juntos para resolver todos los temas de su competencia (licencias, recusaciones, etc., y se reemplazarían por otros miembros que no son especialistas). No todos los casos involucran un solo tema del que sean expertos los miembros esa Sala, de modo que alguien (el presidente de la CSJN?) debería decidir a qué Sala lo envía, con lo cual el poder lo tendría siempre el que maneja el sorteo, distribución o la circulación. Reitero, además tendríamos un producto atomizado por la incapacidad de ceder posiciones del prototipo de jurista argentino. 

Por otra parte, si son muchos jueces (por ejemplo, cuatro salas, 12 jueces; cinco salas, 15 jueces, más un presidente para asuntos protocolares), en los temas constitucionales en que tendrían que actuar como un cuerpo único, tardaría mucho más la circulación.

 

          4) Propuestas

Llevaría la ampliación a 7 jueces. Resulta interesante la propuesta de uno de los senadores (Abal Medina) de establecer, a los efectos de asegurar la diversidad de género, que la Corte Suprema no podrá integrarse por más de cuatro jueces del mismo género.

Creo que se deberían fijar plazos a la Corte para resolver los expedientes en conjunto y plazos individuales para sus miembros, y haría pública la circulación con sus fechas, para que existiese control sobre las demoras y dónde se producen. Y lo mismo propondría para la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.

Si estos plazos no se cumpliesen, el juez que los incumpla perdería jurisdicción y esa sería una causal de juicio político.

Deberían designarse conjueces inmediatamente cuando se produjese una vacante, licencia, recusación, excusación o pérdida de jurisdicción, conforme a un procedimiento aceptado por todos los actores del sistema. El número de jueces de la Corte debe estar siempre completo, aunque sea con conjueces. La ley dice la cantidad de miembros, y debe funcionar así, no con menos y uno o dos de licencia. 

No me convence el tema de la división en Salas. Para los temas no constitucionales, alcanzaría con la mayoría de 4 miembros, y dentro de la Corte ya existe la división por especialidades, de modo que empieza la circulación el juez que es especialista en el tema del recurso y le siguen los demás.

En cambio, las inconstitucionalidades de leyes sólo deberían ser decretadas con una mayoría de dos tercios del Tribunal dado la gravedad que reviste esa sanción y la falta de representación popular de los jueces.

Si los cambios son bien pensados, realistas, prudentes y progresivos, estarán llamados a perdurar y a generar beneficios para la República. Si, en cambio, solo son oportunistas e ingenuos, como ocurre con cualquier cosmético, más tarde o más temprano mostrarán la realidad que está debajo.

 

 



[1]Doctor en Derecho. UBA. Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal. Titular Asociado de Derecho Penal y Procesal Penal, UBA. Ex Presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Miembro Comisión de Juristas del Digesto Jurídico Argentino. Miembro Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Penal 2006. Presidente Grupo Argentino Asociación Internacional Derecho Penal (AIDP). Autor de diversas publicaciones sobre derecho penal y procesal penal. Miembro de la Asociación Civil Justicia Legítima.  

[2]Las leyes y la propia Corte por acordadas y sentencias han ido diseñando un procedimiento en casos penales de diplomáticos, que no surge de la CN, pero que atiende serios problemas que no existían en 1853/60, como, por ejemplo, en un proceso penal que involucra a diplomáticos, el juez de instrucción no puede ser el mismo que juzga y que, además, ese imputado tiene derecho a un recurso. El problema es cómo cumplir hoy con ello cuando la que entiende debe ser “una” Corte, cuyos fallos no son revisables. Por razones de tiempo, me remito a un artículo completísimo y actualizado de Luis M. García, “La Competencia Originaria de la Corte Suprema en casos Penales. ¿Privilegio o disminución de garantías?”,  Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, N° 9/2006, edit. Lexis Nexis, Buenos Aires, septiembre de 2006, p. 1701 y ss.  

[3] Otro ejemplo de la realidad: en muchos procedimientos se prevén audiencias orales, pero éstas no se llevan a cabo y se sustituyen por presentaciones escritas (breves notas, memoriales, etc.) por varias razones, entre las que menciono unas pocas: (1) porque no se puede gastar una o dos horas en una audiencia, si mientras tanto cientos de casos están esperando para ser estudiados y resueltos en nuestros escritorios (es una especie de dilema de la denegación de justicia);  (2) porque muchos casos son complejos y no se resuelven en una audiencia oral sino estudiando normativa, documentación e informes muy técnicos; (3) porque los jueces y fiscales somos cómodos y nos resulta más descansado estudiar los casos por escrito, ya que lo podemos hacer en cualquier momento del día y lugar. Bien, el problema no es si esto está bien o mal, sino que es así. Y esa realidad, hay que computarla. 

 


Compartir
Seguinos en Twitter

.