Opinión

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18/12/2015 | Corte Suprema de Justicia de la Nación

¿Actos racionales?

Por Raúl Zaffaroni

El sistema republicano exige que los actos de gobierno sean racionales.

Esto vale también para los jueces, pues sus sentencias y decisiones, obviamente, también son actos de gobierno.

En los últimos días parece que algunas no lo son tanto. Veamos:

1) El presidente no puede ejercer su mandato por más de cuatro años, dice la Constitución que se cumplen en el aniversario de la fecha en que asumió y a la misma hora en que lo hizo.

2) El Código civil lo sanciona el Congreso y, por eso, no puede alargar ese mandato ni tampoco acortárselo, porque el Congreso no puede hacerlo. No sólo una ley ordinaria estaría emparchando la Constitución, sino que todos los ex-presidentes habrían usurpado 12 horas de mandato y los futuros deberían asumir en noches de brujas.

3) Todo eso sin contar con que no puede negarse la validez de la costumbre constitucional, que nadie cuestionó desde hace por lo menos un siglo y medio.

4) El inc. 19 del art. 99 de la Comstitución autoriza al presidente a nombrar empleados en comisión sin el previo acuerdo del Senado y en receso de este.

5) ¿Los jueces son empleados? Se supone que los empleados tienen un jefe. ¿Lo tienen los jueces?

6) Es prudente el inc. 19º, puesto que puede haber necesidad de nombrar embajadores para preservar las relaciones exteriores u oficiales superiores para la defensa nacional.

7) ¿Existe la misma necesidad con los jueces? En los casos de verdadera necesidad la ley prevé los mecanismos de subrogancia dentro del Poder Judicial.

8) Aún con vacantes, los tribunales siguen funcionando. Si bien es conveniente que lo hagan con integración plena, la conveniencia no crea necesidad.

9) ¿Qué pasaría si el 30 de noviembre de 2016 el Senado no ha prestado acuerdo a los propuestos ni a otros? ¿Quizá el 1 de diciembre de 2016 el presidente nombraría en comisión a otros dos empleados hasta el 30 de noviembre de 2017?

10) Se insinúa que para remover a la Procuradora se reformará por DNU la ley de Ministerio Público. ¿Hay necesidad y urgencia en hacerlo? ¿Acaso dejó de funcionar el Ministerio Público?

11) Necesidad de derecho público no puede confundirse con necesidad de remover obstáculos a los objetivos políticos del Poder Ejecutivo de turno.

12) Inventar la necesidad para legislar por vía de DNU y nombrar por decreto a dos ministros de la CS, equivale a clausurar el Congreso de la Nación: se legisla por DNU y se nombran empleados para que los declaren constitucionales.

13) ¿Se invocará este concepto laxo de necesidad en algún otro DNU para reformar la integración del jurado de enjuiciamiento de magistrados, dada la necesidad de liberarse de los indeseables jueces militantes?

14) ¿Se manejaría la misma laxitud conceptual de la necesidad para decidir un eventual estado de sitio en receso del Congreso?

¿Es todo esto racional y, acaso, republicano?

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