Opinión

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14/11/2014 | Código Procesal Penal

Código Procesal Penal, un cambio de paradigma.

Por Cristina Caamaño (Fiscal)

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de código procesal penal acusatorio que genera una transformación en la justicia penal nacional. No se trata, solamente, de sancionar un nuevo código sino de modificar las prácticas inquisitivas que tenemos arraigadas al llevar adelante un proceso. El análisis de la fiscal Cristina Caamaño.
 
La idea de un sistema adversarial implica dotar de mayor eficiencia al proceso, hacerlo más ágil y menos burocrático, reformulando desde las bases el actual sistema penal mixto. 
 
Para lograr el cometido, se parte de la premisa del conflicto, por tanto, este sistema busca salidas alternativas a la sanción penal con el fin de solucionarlo, procurando así, una mejor y mayor respuesta a los reclamos de las víctimas; las que por otra parte, pasan a ser parte del proceso. 
 
La investigación, entonces, la llevan adelante los fiscales, quedando bien definidos los roles: el fiscal investiga y acusa y el juez controla, decide sobre la validez de la prueba y resuelve (juzga). 
 
Como vemos, esta reforma fortalece la figura del fiscal, el que además, puede disponer de la acción y prescindir de investigar ante algunas situaciones bien pautadas.   
 
El proyecto, también, prevé la desformalización de la instrucción, dejando de lado el ritualismo imperante en torno al expediente, que es donde actualmente, registramos todos y cada uno de los pasos de la investigación, incluso los más nimios, como un pedido de fotocopias.
 
Terminar con el expediente, nos va a llevar a recabar la información vital que necesitamos para determinar si la acusación es viable. Y en ese caso, plantea activar las investigaciones, sin burocracia ni papelerío inútil, acortando los plazos y para eso conlleva, entre otras cosas, un sistema de oralidad en todas las decisiones que se presentan durante el proceso. 
 
Para observar bien cómo funciona este sistema, quince fiscales viajamos a Santiago de Chile, donde desde el año 2000 tienen un procedimiento similar al que se intenta instalar en Argentina. Ahí pudimos ver otra forma de trabajar, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados acá; los agentes de cada ministerio público trabajan sus casos en grupos. En el caso del MPF, mientras unos van a las audiencias orales, que son diarias, otros están en la calle investigando los hechos denunciados, buscando testigos, “armando el caso” que luego van a judicializar. Así, cada grupo de fiscales reciben sus denuncias y los trabajan entre todos. 
 
Por su parte, los defensores recorren el mismo camino, unos acompañan al defendido a la audiencia y otros buscan pruebas para mejorar la situación del imputado; mientras que el juez toma conocimiento del hecho en el momento de la audiencia. 
 
No puedo olvidarme de los administradores, que son quienes se encargan de las agendas de los magistrados, organizando las audiencias orales y los juicios. 
 
Vale recordar, que el actual Código Procesal Penal de la Nación, que se sancionó el 5 de septiembre de 1992, es un código mixto al que todos los “judiciales” criticamos desde el primer día porque nació viejo; mantiene el sistema inquisitivo en la instrucción y sólo podemos ver un avance, cuando llegamos al juicio que, desde esa fecha, es oral, público y contradictorio. Necesitamos un código totalmente acusatorio, como el presentado, tanto para mejorar las investigaciones como para acelerar los plazos de los procesos, facilitar la tramitación del caso y optimizar la respuesta a la sociedad.

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