Opinión

« Volver
01/06/2013 | La reglamentación del Consejo de la Magistratura

Conjeturas

Por Raúl Gustavo Ferreyra (Profesor de Derecho Constitucional (UBA))

La reglamentación del Consejo de la Magistratura y el debate sobre la constitucionalidad de la nueva ley.

El Derecho es una creación política y la Constitución, su máxima expresión. Su principal objetivo es la ordenación de la vida comunitaria. Luego de su creación, la realización del Derecho, también es una actividad política, pero en otros ámbitos y modalidades. Porque una vez producido, se trata, precisamente, de su mantenimiento y desarrollo. Jueces, legisladores, presidentes, en fin, todos los servidores públicos realizan actos políticos; naturalmente: en diferentes órbitas y con definidas y ajustadas competencias.

La presunción de constitucionalidad es un rasgo elemental del Estado, cuya ordenación planifica el Derecho. Constituiría una seria irracionalidad conjeturar de modo contrario: que todo fuese inconstitucional, verdadero disparo en las sombras…

Al producir el Derecho, la presidenta, el Congreso federal o los jueces deben controlar la constitucionalidad; o sea que se verifican de antemano y rigurosamente la compatibilidad o congruencia de los decretos, leyes y sentencias con la norma de las normas: la Constitución federal de la República Argentina. Los servidores públicos siempre deben tratar de producir herramientas constitucionales. Por ello, la declaración judicial de inconstitucionalidad es un acto extremo y evidente, que solamente tiene validez para un único caso judicial y concreto; el error del legislador debe ser tan manifiesto que no puede ni debe quedar abierto a debate racional. Este es el test de constitucionalidad que se utiliza, según los casos, para mantener la coherencia del Derecho o la defensa de un derecho fundamental.

En forma semejante a cualquier otro producto legislativo, a ley que recientemente ha reglamentado el Consejo de la Magistratura debe presumirse constitucional porque todo lo legislado es constitucional, hasta que se compruebe fehacientemente lo contrario. De modo consistente, corresponde conjeturar que el juicio sobre si la ley es constitucional, ya lo hicieron los legisladores al aprobarla en el Congreso y, previamente, el Poder Ejecutivo al enviar la iniciativa. Por lo tanto, la presunción de constitucionalidad es el primer argumento que sostiene esta ley, pero no el único, ya que existen al menos otros dos argumentos: uno basado en la autoinhibición o autorrestricción del Poder Judicial y otro en si han de prevalecer las elecciones populares o los controles judiciales.

El control judicial de constitucionalidad es una herramienta excepcional, inventada en el siglo XIX, que tienen los jueces y que busca controlar a los legisladores; esta función de los magistrados es, por tanto, la más alta que tienen, la última razón del propio sistema que interpretan. La autorrestricción es la obligación máxima cuando se los convoca a hacer un juicio comparativo (sobre la constitucionalidad o no de una ley), porque ese juicio ya lo hicieron antes los legisladores. Ergo, en caso de duda debe prevalecer la constitucionalidad, porque no es razonable que los jueces avancen sobre la zona de reserva exclusiva del Congreso.

Erróneamente, en los últimos veinte años se intenta desarrollar la idea de que los jueces pueden controlar todo; o, mejor dicho: "todo puede ser controlado judicialmente". Cada día se amplía más y más la frontera de la judiciabilidad de la política. Esta argumentación provoca que quienes pierden la votación en el Congreso (por mayorías ajustadas a la Constitución) acudan a los tribunales para revertir esa misma votación. Llegado este punto, se presentan dos conjeturas en apariencia opuestas: soberanía de los ciudadanos y ciudadanas que integran el pueblo o supremacía judicial; dicho de otra forma: decisión de los ciudadanos que integran el pueblo sobre la decisión mortuoria de los tribunales. La defensa de esta soberanía ciudadana constituye el reto de defender lo legislado en democracia, lo hecho y facturado por el Congreso, en el marco de un constitucionalismo ciudadano inclusivo que porte la magnífica posibilidad de ampliar la democracia. Es decir, la conjetura inicial y básica de cualquier forma de organización comunitaria que, hasta ahora, se conoce.

Ver nota original


Compartir
Seguinos en Twitter

.