Opinión

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16/02/2015 | Democratización de la Justicia

Dicen que marchan pero no fundamentan por qué

Por Javier De Luca (Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal)

Los fiscales y jueces somos funcionarios públicos de una República, por lo cual tenemos más deberes que derechos y la obligación de servir a la sociedad. No somos acreedores de ella, somos deudores. No podemos pedir explicaciones, sino darlas y hacernos cargo de que pertenecemos a instituciones (de jerarquía constitucional) obligadas a dar respuestas objetivas. Debemos ser reservados sobre los asuntos (y no solamente de los casos que caen bajo el ‘secreto del sumario’), estudiosos de los casos y del derecho aplicable a ellos, estar actualizados permanentemente, dar cuenta de nuestros actos, mantenernos dentro de nuestra competencia y no hablar inopinadamente, soportar las críticas y manejarnos con prudencia, respetando los derechos de imputados, víctimas, testigos, etcétera. No podemos hacer operaciones políticas con el poder de decir el derecho que nos ha conferido el Estado. 
 
Ésos son nuestros deberes, pero también nuestro crédito. Son esas características las que hacen que los demás crean que cuando hablamos, lo hacemos como ‘entendidos’, que no somos meros opinólogos de cualquier tema. Si nos salimos de esas pautas, nos colocamos en el mismo plano que el que más. 
 
Las marchas y los silencios son formas de emitir mensajes. Tienen significados. Quiénes los producen, desde dónde, el contexto y hacia quiénes están dirigidos. 
 
Los homenajes se rinden por la obra y actos de la persona, o por las características de su vida y su muerte. En el caso de los funcionarios públicos, no se nos rinde homenaje por el lato cumplimiento de nuestros deberes. Sólo podemos hablar de tributo en honor ante actuaciones excepcionales o heroicas (ej. un policía o bombero muerto en el cumplimiento del deber) o porque fuimos muertos por terceros con motivo de nuestra función pública. 
Pero en el caso de la marcha del 18 nadie detalla cuáles fueron los actos del colega por los cuales su memoria se honrará (su denuncia se enmarcaría dentro del cumplimiento de su deber, porque así lo creía él y lo dijo en esos días, de modo que ese no sería el hito a destacar con el homenaje), ni cuáles fueron las causas de la muerte de Nisman que justificarían tal acto público (porque están siendo investigadas y pueden ser por lo menos cinco: accidente casero, suicidio voluntario, suicidio instigado, muerte por mano propia por coacción de terceros, homicidio tradicional. En los últimos casos, aún restaría saber quiénes fueron los autores y móviles). 
 
Dicen que marchan pero no fundamentan por qué, pese a que eso es exigible en el caso de funcionarios públicos del MPF y del PJN. Algunos han sugerido, con palabras que deben buscarse entrelíneas, que a Nisman lo mataron y a partir de ello, se colocan en el rol de co-víctimas. Pero no dicen cómo lo mataron, por qué y quiénes. Sencillamente, no lo saben. Los significados están ocultos bajo el misterio del silencio y, con ello, la expresión que la marcha implica se vuelve política y la presión que ejercen sobre la colega a cargo de la investigación es enorme e indebida. 
 
Y lo que todo el mundo ve es que a los fines de la manifestación pública ya no les interesa saber por qué murió Nisman, porque ellos ya tienen una teoría funcional a sus propósitos (que tampoco muestran claramente). La muerte de Alberto les sirve así como está, para marchar en silencio, porque no saben qué decir, con un mensaje velado de acusar al Poder Ejecutivo de la muerte del colega. Necesariamente han caído en uso de la muerte de otro para fines propios.

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