Opinión

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06/10/2019 | El artículo se publicó en el mes de julio en Horizontes del Sur

El poder judicial en el gobierno de Todos

Por José Massoni

[26/07/2019] Numerosos artículos de Horizontes del Sur han destacado la necesidad para el pueblo argentino de que se actualice la Constitución Nacional, señalando los puntos en los que la vigente, dictada en su última versión en 1994, al mantener la estructura de organización del poder –por ejemplo con un poder judicial elitista y corporativo- y del régimen de la propiedad privada diseñados en 1853, atrasa de manera manifiesta en un mundo que, no ya en casi dos siglos sino en las últimas décadas, ha cambiado notoriamente su funcionamiento.

En 1853 la burguesía, en términos históricos, recién se había consolidado en el manejo económico político de los  países centrales y  desplegaba su política colonialista; en 1994 recién comenzaba la organización actual, signada por una globalización comandada por un capitalismo financiarizado que arrasa con la paz, las riquezas naturales, los derechos humanos, las libertades democráticas y la igualdad entre los pueblos y los habitantes del planeta mediante una concentración increíble de la riqueza en una ínfima parte de la población y una injusticia social sin parangón.

En tal escenario, nuestro esquema constitucional  fue irrelevante para defender la exitosa experiencia que el país vivió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: democrática, nacional y con justicia social, independiente y opuesta al curso general mundial. Quedó claro que avanzar hacia los objetivos que se tuvieron y consolidar las realidades que se obtuvieron hace imprescindible una reforma constitucional, más cerca que lejos en el tiempo.

No se pudo resistir el ataque de la derecha nacional, continental y mundial, tanto menos cuando la primera potencia planetaria nos pretende “patio trasero”,  actúa en consecuencia,  y el poder de fuego de sus usinas de creación de sentido común, conformado por una sólida estrategia comunicacional en todos los ámbitos de la trasmisión de noticias e informaciones -en su  inmensa mayoría falsas- machaca todas las horas de todos los días a masas a las que se poda la posibilidad de acceso a la educación, la cultura y la participación social. Y cuando todo puede ser convalidado por un sistema judicial obsoleto y, en la medida que el poder real lo quiera, corrupto.

El gobierno neoliberal  -eufemismo por capitalismo financiero rapaz – que estafa electoral mediando llegó al gobierno,  objetivamente nos ha hecho retroceder con fuerza. Hoy, para generar la posibilidad de desplazarlo, ha sido necesaria una coincidencia electoral amplísima, que sume al núcleo duro de las fuerzas que lograron el avance esfumado, a una parte significativa de los sometidos o engañados por el accionar conjunto de los poderes financieros, económicos, gubernamentales, mediáticos y judiciales, que ante sus ojos construyeron al kirchnerismo como una variante política que es la peor imaginable, tanto, que ni imaginarla pueden, porque sólo consiguen emitir un rechazo espasmódico, irracional, reflejo neurovegetativo inefable.

En tal escenario debe estimarse como válido el sostén de la propuesta reformadora, como también que nuestro candidato electoral niegue incorporarla a la plataforma. Pero él sí sostiene que muchos jueces deberán responder por sus actos y deriva la cuestión al Consejo de la Magistratura. Lleva razón y abre un camino de lucha posible de forma inmediata. El Consejo tiene dos maneras de convertirse en herramienta paliativa eficaz. Una, porque puede cambiar su composición con las nuevas de las cámaras de diputados y senadores que aportan a su integración; la otra -más radical, pero también posible- es que puede sancionarse una ley que establezca que sus integrantes sean elegidos por voto popular.

Ya se hizo en el gobierno anterior, por propuesta de Cristina Fernandez de Kirchner, y la Corte Suprema declaró inconstitucional la norma –caso “Rizzo”- en un fallo a la medida del macrismo que el voto en minoría demostró irrefutablemente que era una decisión, precisamente, inconstitucional. Una nueva ley con el mismo espíritu, dados “el cambio de época” –al que los jueces son muy sensibles- y la prolijidad técnico jurídica necesaria para sortear las objeciones de los ministros en el fallo mentado (varios de ellos continuarán en funciones) da sensibles oportunidades de éxito a un intento que sería un paso democratizador realmente importante en el aumento de la participación democrática en el control del poder judicial.

Ahí tenemos que centrar nuestros esfuerzos hoy, sin abandonar el mañana.


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