Opinión

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20/03/2020 | Coronavirus

El virus pone la globalización en cuarentena

Por Luigi Ferrajoli

El Coronavirus no conoce fronteras, ya se ha difundido en casi todo el mundo y claramente en toda Europa. Es una emergencia global que requeriría una respuesta global. Podemos entonces sacar de eso dos enseñanzas, que nos obligan a reflexionar sobre nuestro futuro.

La primera enseñanza tiene que ver con nuestra fragilidad y, al mismo tiempo, con nuestra total interdependencia. A pesar de las conquistas tecnológicas, el crecimiento de las riquezas y el invento de armas cada vez más mortales, seguimos – todos, simplemente en cuanto ser humanos – estando expuestos a las catástrofes, algunas provocadas por nosotros mismos con nuestras contaminaciones irresponsables, otras, como la actual epidemia, consistentes en calamidades naturales.

Con una diferencia con respecto a todas las tragedias del pasado: el carácter global de las catástrofes actuales, que golpean a todo el mundo, a la humanidad entera, sin diferencia de nacionalidad, cultura, lengua, religión y hasta de condiciones económicas y políticas.

Se deduce lamentablemente – de esta pandemia planetaria – una dramática confirmación de la necesidad y urgencia de realizar un constitucionalismo planetario: lo propuesto y promovido por la escuela “Constituyente Tierra” que hemos inaugurado en Roma el pasado 21 de febrero.

La segunda enseñanza tiene que ver con la necesidad de que frente a emergencias de esta naturaleza sean adoptadas medidas eficaces y sobretodo homogéneas, posibilitando así evitar que la variedad de disposiciones adoptadas, en muchos casos completamente inadecuadas, termine favoreciendo el contagio y multiplicando los daños para todos.

Mientras, por el contrario, cada país adopta medidas diferentes, a veces completamente insuficientes, como las tomadas por los Estados Unidos y por Inglaterra donde los gobiernos están subestimando el peligro para no dañar sus economías. Hasta en Europa los 27 países miembros de la Unión Europea actúan de formas diversas, adoptando cada uno estrategias diferentes: desde las medidas rigurosas de Italia y España a las más suaves de Francia y Alemania. Y eso a pesar, por lo menos en lo que respecta a Europa, de que una gestión común de la epidemia sería además obligatoria por lo que plantean los tratados que ha suscripto la UE.

El artículo 168 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, dedicado a la salud pública, luego de afirmar que “la Unión Europea garantiza un nivel elevado de protección de la salud humana”, establece que “los Estados miembros coordinan entre ellos, en relación con la Comisión, las respectivas políticas” y que “el Parlamento europeo y el Consejo pueden también adoptar medidas para proteger la salud humana, en particular para luchar contra los grandes flagelos que se propagan más allá de las frontera.” Además el art. 222, titulado “cláusulas de solidaridad”, establece que “la Unión y los Estados miembros actúan conjuntamente en un espíritu de solidaridad en el caso de que un estado miembro sea víctima de una calamidad natural”.

¿Cómo es posible que la Unión Europea sea capaz de imponer a los Estados miembros solamente sacrificios y políticas de austeridad en beneficio del equilibrio presupuestario, y no también medidas sanitarias a beneficio de la vida de sus conciudadanos?

La Comisión europea tiene entre sus componentes un encargado de la salud, otro de los derechos humanos, otro además de la cohesión y las reformas y hasta un encargado de la gestión de las crisis. ¿Qué esperan estos para tomar las riendas de esta emergencia y promover en toda Europa, con instrucciones vinculantes, medidas homogéneas y eficaces que apunten a enfrentarla?

Pero sobretodo el carácter global de esta epidemia confirma la necesidad –ya evidente en materia de agresiones al medio ambiente, pero se tornó todavía más visible y urgente con las terribles cifras diarias de muertos y de contagiados– de implementar una Constitución de la Tierra que prevea garantías e instituciones que estén a la altura de los desafíos globales y que tutele la vida de todos.

Existe ya una Organización Mundial de la Salud. Pero tampoco tiene los medios y los aparatos necesarios para llevar a los países pobres los 460 fármacos salva-vida que hace 40 años estableció que debían ser accesibles a todos, y esa falta provoca cada año 8 millones de muertos. Hoy la epidemia global golpea a todos, sin distinción entre ricos y pobres.

Debería por ende servir esta ocasión para hacer de la OMS una verdadera institución de garantía global, dotada de los poderes y de los medios económicos necesarios para enfrentar la crisis con medidas racionales y adecuadas, no condicionadas por intereses políticos o económicos contingentes, más bien cuya finalidad sea garantizar la vida de todos los seres humanos tan sólo por serlo.

De este salto de civilidad –la realización de un constitucionalismo global y de un ámbito público planetario– están dadas hoy todas las condiciones: no solamente las institucionales, sino también las sociales y las culturales. Entre los efectos de esta epidemia está efectivamente una revaluación del ámbito público en el sentido común, una reafirmación de la primacía del Estado respecto a las Regiones en tema de la salud y, sobre todo, el desarrollo –luego de años de odio, racismo y sectarismo- de un sentido extraordinario e inesperado de solidaridad entre las personas y entre los pueblos, que se está manifestando en la ayuda que llega de China, en los cantos comunes y en las manifestaciones de afecto y gratitud, en los balcones, hacia los médicos y enfermeros, en la percepción, en síntesis, que somos un único pueblo de la tierra, unidos por la condición común en la cual todos vivimos.

Tal vez de esta tragedia puede nacer por fin una conciencia general respecto a nuestro común destino, que requiere por ende un común sistema de garantías de nuestros derechos y de nuestra pacífica y solidaria convivencia.El Coronavirus no conoce fronteras, ya se ha difundido en casi todo el mundo y claramente en toda Europa. Es una emergencia global que requeriría una respuesta global. Podemos entonces sacar de eso dos enseñanzas, que nos obligan a reflexionar sobre nuestro futuro.

La primera enseñanza tiene que ver con nuestra fragilidad y, al mismo tiempo, con nuestra total interdependencia. A pesar de las conquistas tecnológicas, el crecimiento de las riquezas y el invento de armas cada vez más mortales, seguimos – todos, simplemente en cuanto ser humanos – estando expuestos a las catástrofes, algunas provocadas por nosotros mismos con nuestras contaminaciones irresponsables, otras, como la actual epidemia, consistentes en calamidades naturales.

Con una diferencia con respecto a todas las tragedias del pasado: el carácter global de las catástrofes actuales, que golpean a todo el mundo, a la humanidad entera, sin diferencia de nacionalidad, cultura, lengua, religión y hasta de condiciones económicas y políticas.

Se deduce lamentablemente – de esta pandemia planetaria – una dramática confirmación de la necesidad y urgencia de realizar un constitucionalismo planetario: lo propuesto y promovido por la escuela “Constituyente Tierra” que hemos inaugurado en Roma el pasado 21 de febrero.

La segunda enseñanza tiene que ver con la necesidad de que frente a emergencias de esta naturaleza sean adoptadas medidas eficaces y sobretodo homogéneas, posibilitando así evitar que la variedad de disposiciones adoptadas, en muchos casos completamente inadecuadas, termine favoreciendo el contagio y multiplicando los daños para todos.

Mientras, por el contrario, cada país adopta medidas diferentes, a veces completamente insuficientes, como las tomadas por los Estados Unidos y por Inglaterra donde los gobiernos están subestimando el peligro para no dañar sus economías. Hasta en Europa los 27 países miembros de la Unión Europea actúan de formas diversas, adoptando cada uno estrategias diferentes: desde las medidas rigurosas de Italia y España a las más suaves de Francia y Alemania. Y eso a pesar, por lo menos en lo que respecta a Europa, de que una gestión común de la epidemia sería además obligatoria por lo que plantean los tratados que ha suscripto la UE.

El artículo 168 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, dedicado a la salud pública, luego de afirmar que “la Unión Europea garantiza un nivel elevado de protección de la salud humana”, establece que “los Estados miembros coordinan entre ellos, en relación con la Comisión, las respectivas políticas” y que “el Parlamento europeo y el Consejo pueden también adoptar medidas para proteger la salud humana, en particular para luchar contra los grandes flagelos que se propagan más allá de las frontera.” Además el art. 222, titulado “cláusulas de solidaridad”, establece que “la Unión y los Estados miembros actúan conjuntamente en un espíritu de solidaridad en el caso de que un estado miembro sea víctima de una calamidad natural”.

¿Cómo es posible que la Unión Europea sea capaz de imponer a los Estados miembros solamente sacrificios y políticas de austeridad en beneficio del equilibrio presupuestario, y no también medidas sanitarias a beneficio de la vida de sus conciudadanos?

La Comisión europea tiene entre sus componentes un encargado de la salud, otro de los derechos humanos, otro además de la cohesión y las reformas y hasta un encargado de la gestión de las crisis. ¿Qué esperan estos para tomar las riendas de esta emergencia y promover en toda Europa, con instrucciones vinculantes, medidas homogéneas y eficaces que apunten a enfrentarla?

Pero sobretodo el carácter global de esta epidemia confirma la necesidad –ya evidente en materia de agresiones al medio ambiente, pero se tornó todavía más visible y urgente con las terribles cifras diarias de muertos y de contagiados– de implementar una Constitución de la Tierra que prevea garantías e instituciones que estén a la altura de los desafíos globales y que tutele la vida de todos.

Existe ya una Organización Mundial de la Salud. Pero tampoco tiene los medios y los aparatos necesarios para llevar a los países pobres los 460 fármacos salva-vida que hace 40 años estableció que debían ser accesibles a todos, y esa falta provoca cada año 8 millones de muertos. Hoy la epidemia global golpea a todos, sin distinción entre ricos y pobres.

Debería por ende servir esta ocasión para hacer de la OMS una verdadera institución de garantía global, dotada de los poderes y de los medios económicos necesarios para enfrentar la crisis con medidas racionales y adecuadas, no condicionadas por intereses políticos o económicos contingentes, más bien cuya finalidad sea garantizar la vida de todos los seres humanos tan sólo por serlo.

De este salto de civilidad –la realización de un constitucionalismo global y de un ámbito público planetario– están dadas hoy todas las condiciones: no solamente las institucionales, sino también las sociales y las culturales. Entre los efectos de esta epidemia está efectivamente una revaluación del ámbito público en el sentido común, una reafirmación de la primacía del Estado respecto a las Regiones en tema de la salud y, sobre todo, el desarrollo –luego de años de odio, racismo y sectarismo- de un sentido extraordinario e inesperado de solidaridad entre las personas y entre los pueblos, que se está manifestando en la ayuda que llega de China, en los cantos comunes y en las manifestaciones de afecto y gratitud, en los balcones, hacia los médicos y enfermeros, en la percepción, en síntesis, que somos un único pueblo de la tierra, unidos por la condición común en la cual todos vivimos.

Tal vez de esta tragedia puede nacer por fin una conciencia general respecto a nuestro común destino, que requiere por ende un común sistema de garantías de nuestros derechos y de nuestra pacífica y solidaria convivencia.

Il Manifesto  - 17/03/2020


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