Opinión

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24/07/2020 | Perfil

Justicia social o justicia penal

Por Alejandro W. Slokar*

La multiplicidad de mutaciones individuales y sociales que tienen lugar –y más aún tendrán- en razón de la pandemia, nos interroga acerca de la dirección real de los cambios y su significación, tanto más frente a instancias de indispensables reformas institucionales, que en los días que corren suman disputas no pocas veces lejanas a afrontar la responsabilidad sobre el país que transitamos y su destino.   
Es difícil abrigar dudas acerca de que la crisis sanitaria y económica impacta – y tanto más lo hará- en la ruptura de lazos sociales: los femicidios y violencias familiares testimonian ese grave deterioro. Pero sin dudas experimentará sus mayores consecuencias de fragmentación entre aquellos sectores más desfavorecidos, a partir de innegables condiciones estructurales de anomia y falta de inclusión.
Estos nuevos riesgos parecen indicar un escenario impredecible, más aun en la población donde la exclusión fue adquiriendo los caracteres y proporciones de catástrofe, desde que se derrumbaron los diques alguna vez levantados para proveer seguridad física, salud, educación, trabajo. El acoso del Covid-19 dejó al descubierto el proceso de desigualación padecido desde hace más de medio siglo, profundizado en los últimos años.
Aunque en nada contribuye para mitigar esta situación de estrago la repulsiva retórica de invitación al aniquilamiento ante la desposesión de bienes. Frente a este temerario discurso mortífero –propio en cualquier identificación política- la evitación del derramamiento de sangre y la preservación de las vidas humanas constituye el único mandato moralmente aceptable. 
Desde luego que en este contexto de apelaciones a la desintegración y hasta a la autodestrucción, el llamado apremiante  es a  incluir reacciones sociopolíticas más amplias, reformulando planteos desde la obligación de estado en favor de la justicia social antes del  refugio rudimentario de la justicia penal.
Ello conduce a una comprensión más diversa y de mayor extensión, donde la  atención sobre la cuestión criminal no aparezca colonizada por la protección de la propiedad –y aún la integridad- con motivo de delitos callejeros. Esta deriva, además de resultar una justificación finita e insuficiente, tampoco tiene nada de ingenua. 
Porque la dinámica y transformación en las que deben inscribirse las respuestas no pueden dejar afuera del radar de atención aquello que guarda un impacto inmenso en todos los niveles de la vida social: los megafraudes financieros y los atentados contra el ambiente, derivados de una globalización patológica en la actual versión del financierismo predatorio. Claro que la nota distintiva respecto de los tradicionales delitos de los desposeídos radica en la condición social de los infractores, mientras también muchos de los daños producidos afectan prácticamente a poblaciones completas y, claro quede, resienten en mayor medida a aquellos privados de sus derechos básicos. 
 Esta victimización constituye siempre una experiencia colectiva y no individual, y las acciones contra tamaña delincuencia –encarnada por corporaciones y conglomerados transnacionales- deben implicar estrategias significativamente distintas, con el desarrollo de nuevas estructuras, junto a un enfoque más diversificado que comprometa a amplios sectores de la ciudadanía, tanto más a los damnificados. 
Todo ello remite invariablemente a la política- siempre es bueno repasar a  Locke- y, por supuesto, su legitimidad. La formulación de un pacto social nuevo, más allá de los límites de aquel conocido y también agotado, que indique la inclusión de población excedente, señala el rumbo del camino trazado hace exactamente cinco años por Francisco en su encíclica “Laudato si”, cuando advertía que no hay dos crisis separadas, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental, lamentablemente profundizada y extendida. 

*Profesor Titular UBA/UNLP

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