Opinión

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29/04/2020 | Justicia Legítima

Mar del Plata y los derechos humanos

Por Andrés Murad y Gloria Leon

El resultado del Megajuicio conocido como Subzona XV celebrado en la ciudad balnearia más conocida del país, cierra un largo capítulo de luchas por la memoria, la verdad y la justicia de uno de los momentos más oscuros de nuestra historia reciente. A comienzos de la década del 70´, Mar del Plata era pujante, con una importante industria textil y pesquera y con una creciente Universidad; había dejado de ser exclusivamente una ciudad turística para pasar a convertirse en uno de los epicentros de luchas sociales en la provincia de Buenos Aires. La combinación de una clase media comprometida políticamente, afincada mayormente en la universidad y un sector obrero partidario de una línea combativa en alianza con organizaciones barriales de base y grupos políticos, al calor de las luchas sociales, contribuyeron a que se formara un bloque virtual de poder, potenciado para abiertamente a disputar todos los espacios donde gozaba de representatividad; la universidad, la fábrica y el barrio. Durante el periodo previo al golpe, en los años 1974 y 1975, comenzó a producirse un gran despliegue de los sectores civiles de la derecha en la ciudad con apoyo del aparato represivo estatal. La violencia alcanzaría su momento paroxístico con el denominado 5x1 perpetrado por la Concentración Nacional Universitaria, con el cruel asesinato de cinco militantes populares en una noche como venganza por la muerte de uno de los suyos. Hubo que esperar hasta marzo de 2016 para que este grupo, que incluía un ex fiscal federal, sea condenado en el juicio conocido como “CNU”. Ese mismo año, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata resolvió acumular y unificar los trámites y su respectiva elevación a juicio en lo que dio en llamarse “Megajuicio Subzona XV”. La particularidad de este juicio es que reunió en una sola causa los casos de 272 víctimas y la responsabilidad de 43 imputados. El pasado lunes 27 de abril se dio a conocer el veredicto. Hasta ese entonces, principalmente a partir del impulso del Fiscal General Daniel Adler con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos y de la participación de fiscales de instrucción, exclusivamente en la jurisdicción de Mar del Plata se habían ventilado más de una decena de juicios y se habían condenado a más de medio centenar de imputados. Sin la voluntad de la gestión política encabezada por Néstor Kirchner en la primera década del siglo XXI, en conjunto con la lucha histórica de los movimientos de Derechos Humanos liderada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, no se hubiera establecido una agenda pública centrada en la promoción de la memoria. Es preciso subrayar que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el juzgamiento de otros genocidios, el proceso argentino se caracterizó por la jurisdicción de jueces naturales. Es decir, no se constituyeron Tribunales Especiales y los jueces intervienen con libertad para conocer en todos los hechos perpetrados, con un criterio territorial a lo largo y a lo ancho de todo el país. Además, la cantidad de procesados y condenados en la Argentina, en relación con los perpetradores, es altísima si se los compara con otros casos de genocidio a nivel internacional, teniendo en cuenta que se comenzaron a celebrar después de 30 años de cometidos los hechos. Por todo esto, más de 40 años después, este abril de 2020 se constituye como una fecha histórica para los juicios de lesa humanidad en Mar del Plata. Primero, por el cumulo de victimas e imputados que se concentró en un solo debate, con la particularidad de que muchos de ellos se sentaron por primera vez en el banquillo de los acusados. Segundo, porque la ciudad ostenta un Tribunal integrado por jueces de fuste, el caso de Roberto Falcone y Mario Pórtela, que tuvieron la entereza de dictar un veredicto, aun transitando esta bisagra de la historia en este contexto de pandemia global que estamos atravesando. Tercero, porque estos jueces tuvieron la firmeza para darle un “correctivo procesal” a dos abogados que habían protagonizado un escandaloso alegato, en el que no solo negaban la existencia del genocidio, sino que también atacaban a la fiscalía con improperios, y concentraron su saña sexista en el pasaje del alegato que había pronunciado la auxiliar fiscal, designada por el Fiscal Adler, Eugenia Montero. Podemos afirmar una vez más que se hizo justicia y que se mantuvo viva la memoria de las víctimas del genocidio en la ciudad. Después de este Megajuicio, podemos sostener que las Fuerzas Armadas que operaron en la jurisdicción, en sus tres armas, se concentraron con feroz determinación en dos sectores muy concretos, que con reivindicaciones políticas o no, se ubicaron en primer lugar, los trabajadores, y en segundo orden, los estudiantes; con menor intensidad, pero no por ello menos significativa, atacaron al colectivo de profesionales, entre los que se incluye el secuestro de múltiples abogados, entre las cuales, la más tristemente célebre desaparición fue la denominada “noche de las corbatas”. Con todo, se dictaron 28 condenas a prisión perpetua y siete más recibieron penas que van entre 7 y 25 años de prisión. Parece lejano aquel 1° de marzo cuando el actual presidente Alberto Fernández se diferenciaba del anterior gobierno, que consideraba a la política de los derechos humanos un “curro”, y en oposición confirmaba su vocación de recuperar la “centralidad de los Derechos Humanos” durante su gestión. Proclamaba, además, que “La defensa de los Derechos Humanos no es la columna vertebral de un Gobierno, sino la columna vertebral de la República Argentina en su conjunto”. Hoy, en tiempos de pandemia, podemos reafirmar el compromiso de Justicia Legítima en la Memoria, la Verdad y la Justicia.

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