Opinión

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20/04/2013 | La democratización de la justicia

"Nosotros y los otros", por José Massoni

Por José Massoni

El fiscal Ricardo Sáenz publicó una columna el 19 de marzo pasado en Infobae titulada “No hay ‘opositores’ y ‘oficialistas’ en la Justicia”. Surge de texto que en su imaginario se trata de opositores y oficialistas en relación con el Poder Ejecutivo nacional. Como las afirmaciones que realiza acerca de la ubicación personal política de cada uno de los miembros de la Justicia nacional es acertada en punto a que en su gran mayoría no son ni opositores ni oficialistas, no le cuesta llevarse las palmas si le atribuye falsamente a Justicia Legítima pretender que sí existe tal enfrentamiento.

Es el fiscal Sáenz el que reduce la cuestión a una lógica binaria, jibarizando el problema a una disputa entre simpatizantes y opositores del gobierno. Esa postura es perfectamente funcional a eludir el verdadero debate que Justicia Legítima plantea. Ella está muy lejos de transitar por ese campo estrecho y estéril de la coyuntura. Lo que plantea es un salto institucional cualitativo que signifique, después de treinta años, la llegada de la democracia al único poder del Estado al que no arribó. Y ello así con vocación de trascendencia hacia la actualidad y el futuro político de la Nación Argentina, con total independencia de las continuidades o cambios políticos que se sucedan.

Por ese motivo no apunta a temas puntuales –que sí pueden haber funcionado como revulsivos de una situación de disgusto latente aunque atrapado en los límites de la corporación- sino a la conformación democrática del Poder Judicial, al perfil de los jueces y fiscales que la sociedad está demandando, a la participación de la ciudadanía en la gestión del hecho de administrar una justicia eficaz para todas las clases sociales que habitan la Argentina.

Que del debate de ideas propuesto en la Biblioteca Nacional por mucho más de mil concurrentes haya surgido la consigna “ellos o nosotros”, que carga sobre Justicia Legítima, también es una creación del Dr. Saénz con el solitario apoyo de su subjetividad. Es muestra patente, fuerte aunque implícita, de que el ámbito judicial únicamente podría haber “nosotros”.

Se refirma de ese modo una de las banderas de “la nueva corriente” (como la llama): la de señalar, con reconocimiento autocrítico, que el Poder Judicial que integran tiene una formación cultural, ideológica, por la que se conciben como integrantes de una corporación ajena al común de la ciudadanía: “los otros” son, en la realidad, todos los demás que no son miembros del Poder Judicial. Para estar imbuido de esa mirada sobre el mundo, la sociedad argentina y los hombres y mujeres en concreto -muchas veces de modo inconciente- no es necesario haber tenido relación con la dictadura, ni haber hecho ingresar a los tribunales un pariente, ni ser hijo de jueces o abogados influyentes, ni tener deudas políticas, ni creer sinceramente que no se está bajo la influencia del poder económico o político. El fiscal se entorcha en estas características, que dice compartir con cientos, y falazmente pretende instalar que Justicia Legítima sostiene lo contrario.

Para pertenecer al modo de entender el rol de administrador de justicia que ha imperado desde el fondo de la historia institucional patria hasta hoy basta con haberse formado en las pautas de designaciones, funcionamiento, usos, costumbres, relaciones, formación cultural, conceptos de familia, de género y de clase que fueron tejiendo durante décadas las fuerzas vinculadas portadoras del “saber jurídico” y de la ideología al servicio del poder real –y por derivación casi siempre al político- y desde allí tener una visión por completo parcial de nuestros compatriotas. Ellos se intuyen, más que verse, netamente divididos por variados motivos. El principal, el de clase, con lo que conlleva de instrucción, modales, refinamiento, militancia en la pobreza o la indigencia. Ellos casi nunca “son vistos” por la familia judicial, con inimputabilidad muchas veces, porque no pertenecen al mundo ostensible, excepción hecha para ser clientela del poder punitivo penal. Esa característica, como es obvio, facilitó la aparición de monstruos de nuestro cuño que participaron en los delitos de la dictadura, y a ellos se refiere Justicia Legítima, como a cualquier ciudadano incurso en esas acciones. Y también decimos claramente que, por la magnitud y trascendencia de sus propósitos, Justicia Legítima de ninguna manera despreciará el apoyo que a sus propósitos brinde el Poder Ejecutivo, ni fuerzas que le son opositoras, ni académicos, ni organismos no gubernamentales, ni universitarios estatales o privados, ni fuerzas sociales populares. Su objetivo es llevar la discusión a todos esos sectores, y trabajar codo a codo con ellos. Todos ellos somos “nosotros”.

En cuanto al tema del impuesto a las ganancias, que tímidamente aparece al final de la columna, decimos que además de ser una cuestión legal, es una postura moral insoslayable no pretender que todos los servicios que nos brinda el Estado por nuestra condición de ciudadanos los paguen nuestros compatriotas. ¿Por qué? ¿Porque somos ciudadanos distintos?

Y conste que no nos hemos opuesto, por el contrario, a encontrar un modo de enmendar el problema que no signifique un daño a todos los trabajadores judiciales, de cualquier rango, incluidos defensores, fiscales y jueces.

Por último, como podrá leer el fiscal en el ejemplar de La Nación del 26 de agosto de 1997 -hace quince años- ya un numeroso grupo de magistrados nacionales había solicitado a la Corte Suprema medidas de transparencia que devolvieran a los jueces el prestigio perdido ante el pueblo. Nada se concretó entonces. Ahora corren otros tiempos.

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