Opinión

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07/07/2016 | Derecho a réplica

Sobre el editorial de La Nación "Desbaratar concursos escandalosos"

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Publicamos el intercambio entre las autoridades del diario “La Nación” y el fiscal general Javier De Luca, a propósito del editorial Desbaratar concursos escandalosos del 27 de junio de 2016.

 

Pedido del derecho a réplica de Javier De Luca

Sr. Director del diario La Nación

     A raíz de la nota editorial de hoy 27/6/16, titulada “Desbaratar concursos escandalosos”, en razón del principio republicano que me obliga a dar explicaciones sobre mis funciones públicas y lo dispuesto por el art. 14 CADH en cuanto prevé el derecho a réplica, le solicito la publicación de la presente réplica o rectificación/explicación:

      Soy fiscal general por concurso de oposición y antecedentes. En primer lugar, como fiscal de juicio (época PGN Dr. Becerra) y, luego, como fiscal de Casación (época PGN Dr.Righi). Antes de ello fui secretario letrado de la CSJN, secretario de cámara, secretario de 1ra. Instancia, empleado, etc., de juzgados y cámaras de apelaciones federales y nacionales. Además, entre otras cosas, soy Doctor en Derecho y Profesor Titular Asociado de Derecho Penal de la UBA.

     Entre las obligaciones de los fiscales generales está la de ser jurados de concursos del Ministerio Público Fiscal y del Consejo Evaluador, sin percibir emolumento alguno por ello.

    Durante la gestión del PGN Dr. Becerra fui designado jurado en el concurso 22 (como titular) y en el 24 (como suplente). Durante la gestión del PGN interino Dr. González Warcalde (antes de asumir el doctor Righi), fui designado en el concurso 31 (como titular). Después vino el PGN Dr. Righi que convocó a 58 concursos, de los cuales fui designado en los siguientes: 36 (titular), 38 (titular), 41 (titular), 61 (titular), 72 (titular), 74 (suplente), 82 (titular), 87 (suplente e interviniente), 88 (suplente) y 90 (titular), es decir en 10 concursos. Luego, vino el período de unos meses del Dr. González Warcalde como PGN sustituto en el que estableció el sorteo para integrar jurado, pero ello nunca se llevó a cabo, porque él no alcanzó a tomar un concurso porque fue designada la nueva PGN titular Dra. Gils Carbó. Esta derogó las modificaciones de González Warcalde y se volvió al régimen anterior. Ello así porque la ley 24946 no exigía sorteo para ello. Además, esa misma ley exigía como presidente de los jurados al/la Procurador/a General, de modo que nunca se trató de una autodesignación, sino de una obligación legal. La doctora Gils Carbo convocó 17 concursos y fui designado en el 94 (titular), 97 (titular), 98 (suplente), 99 (titular) y 108 (titular), es decir en 5 concursos. Respecto del concursante Rodríguez Varela, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, solo fui jurado de él en el concurso 108, que no pasó de la etapa escrita y anónima. Se llegó a la corrección de la etapa escrita, pero no puedo saber cómo le fue, porque las identidades se mantuvieron anónimas. Ocurrió que el PEN dictó el DNU 257/15 que derogó la ley 27.063 que había creado los cargos para los que se había abierto este concurso. Por ello, se dispuso no proseguir ese concurso y su trámite quedó archivado (Res. PGN 1629/16).

         Desconozco por qué me designaron jurado tanto en el sistema discrecional como por sorteo, todos los procuradores con los que tuve el honor de trabajar. Es de público y notorio que todos ellos tienen personalidades e ideas políticas y jurídicas distintas. Ninguno de ellos me indicó jamás cómo proceder en estos temas, y las notas se fueron discutiendo en múltiples reuniones y por grupos de email, donde todos los jurados éramos pares. El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que se menciona en la editorial no se basa en denostar un supuesto contubernio o confabulación para hacer tal o cual cosa contra determinadas personas, sino, simplemente, en que el sistema de sorteo es superador del anterior, a la luz del sistema de DD.HH. Es una anulación formal de un sistema.  

                Algo similar ocurre con mi integración al Consejo Evaluador de Fiscales. Este órgano surgió en la época del Dr. Righi y por él fui designado, no por González Warcalde ni Gils Carbó. Hay otros dos fiscales generales desde esa época y dos nuevos por renuncias de los anteriores. En cuanto al caso Campagnoli, por quien me guarda cierto afecto personal, nuestra función fue la evaluar las denuncias contra él (que vinieron del Poder Judicial, no del MPF), documentos y explicaciones dadas, desde el punto de vista administrativo, que existían hasta ese momento. Todos coincidimos (pero en la nota curiosamente no se menciona a otro consejero, también histórico) en la sospecha seria de irregularidades y que sus respuestas eran insatisfactorias. Nada de ello fue o es personal, sino el ámbito público y natural donde todos debemos dar explicaciones. Tanto es así que años atrás ese mismo consejo descartó una denuncia contra él y el fallecido fiscal Quantín, que venía con pedido de declaración indagatoria de un fiscal y un juez federal, por los hechos de la toma de la Comisaría 24 que ellos bien resolvieron como funcionarios políticos. Recuerdo que esa vez, quienes nos insultaron fueron otros. 

            Someto a la inteligencia de los lectores de La Nación esta explicación para mostrar que los hechos que describe la nota editorial no se corresponden con los acontecimientos que me tocaron vivir en forma directa, ni existe tamaña conspiración contra persona alguna.

 

Javier Augusto De Luca

Fiscal General

 

 

Respuesta de La Nación

Buenos Aires, 5 de julio de 2016

 

De mi consideración:

Contesto su larga nota relacionada con la opinión editorial del 27/6/16, pidiendo la publicación de la misma, e invocando un supuesto derecho a réplica.

Como Ud. bien sabe la previsión del art. 14 de la CIDH, no ha sido reglamentada en nuestro país y, si bien tiene vigencia como derecho, ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ha fijado algunas pautas para su aceptación.

La primera de ellas es que el pedido corresponde al agraviado, y no se advierte en qué parte del editorial en cuestión se lo agravia, en tanto según Ud. afirma es su obligación ser jurado cuando se lo designa. La opinión crítica del editorial se dirige a la forma de designación de los jurados, no a la idoneidad profesional de los mismos.

El hecho de que se haya dejado de lado el sorteo, como método imparcial para designar jurados, y que el fundamento fuera  que  la  ley  24.946  no exigía dicho mecanismo, no significa que la designación “a  dedo”,  por decirlo vulgarmente, sea un método objetivo, o valioso éticamente. De allí, pues, que el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo al que se hace mención, haya descalificado el sistema que debería ser definitivamente desterrado.

Ninguna de las opiniones y afirmaciones de la opinión editorial que motiva su carta, lo afectan personalmente, si es cierto que Ud. está obligado a formar parte de los jurados donde se lo designa. Y en ninguna parte del editorial se dice que Ud. formara parte dé conspiración alguna. No es Ud. en este caso a quien se dirigen las críticas.

Por ello, no siendo Ud. el agraviado, ni objeto de las opiniones vertidas en el editorial, ni inexactos los hechos sustanciales en los que se apoya, no le corresponde a Ud. el derecho a réplica que solicita. Fuera de ello, le agradecemos su nota a la que le hemos dado atenta lectura.

 

Sin más, lo saludamos atentamente,

 

Julio Saguier

Presidente

S.A. La Nación

 

 

Buenos Aires, 7 de julio de 2016

Estimado Sr. Julio Saguier

Presidente de S.A. La Nación. 

 

                Por el presente respondo a su carta del 30 de junio de 2016, en la que explica por qué no será satisfecho mi pedido de publicación de una réplica/explicación de asuntos vinculados a la nota editorial de La Nación del 27 de junio de 2016 titulada "Desbaratar concursos escandalosos" (sin firma). Me interesa hacerle saber que me siento frustrado por la no concreción de una expectativa inspirada en la propia historia del medio y de su prédica de que La Nación “será una tribuna de doctrina”.    

​                1​) En definitiva, su carta encierra unas disculpas, a partir de sostener que no debería sentirme destinatario de la nota editorial. Para ello, Ud. le asigna un significado que esa nota editorial ​claramente no tiene para sus lectores.

​                ​Sin perjuicio de ello, aclaro que la cuestión del agravio la trajo ​a colación Ud., ya que  en mi nota de pedido de publicación de explicaciones o réplica, nunca me referí a un agravio. ​Parec​e que respond​e​ de esa manera por asumir una posición defensiva. 

​        E​s evidente​ que advirtió que ​en aquella editorial fui agraviado. No otra idea puede derivarse de mi nombre vinculado a un título que habla de "desbaratar concursos escandalosos", o que formo parte de un "cerrado entorno digitado vergonzosa y groseramente" por la actual Procuradora para "asaltar" al Poder Judicial y que ​los allí mencionados ​la acompañamos en su "vil embestida" contra el fiscal Campagnoli. ​

                Pero​ reitero, en ningún momento pretendí por esa vía ​una satisfac​ción de mi honor mancillado​ porque, además, no es la vía apta para hacerlo​. ​Para e​llo está​n previstas las acciones por calumnias e injurias penales o civiles y la publicación de la condena o satisfacción en el mismo lugar donde fue proferida la ofensa​, a costa del condenado, aunque ​el medio no ​esté de acuerdo.  ​

​        Allí, en cambio, s​ólo solicité la opor​tunidad de ​dar explicaciones como funcionario público en tren de difundir la verdad sobre asuntos de interés público, y de ​ejercer el derecho de réplica, rectificación o respuesta ​que no exige que haya un ofendido. Se trata de un derecho complejo, cuya naturaleza y alcances ha sido tratado en varios casos por la Corte, como "Petric" y, por supuesto, no necesita de ley alguna para su ejercicio ya que su operatividad también fue declarada por aquélla ("Ekdmedjian vs. Sofovich​"). ​No es ​un derecho individual, sino uno social, y no depende de la "concesión graciosa" de quien debe ​publicar la rectificación o respuesta.

                El medio tiene un poder de hecho, no una potestad jurídica. ​Así, su respuesta por carta no tiene otro sustento que el poder de hecho de hacer ​o dejar de hacer lo que le place sin consecuencia jurídica alguna. ​Por ello, es una ​forma de ​censura, que ​pone en evidencia que el objetivo de la nota editorial ​(no firmada) no fue ​el de informar ​con veracidad ni ​dar una opin​ión​ fundada sobre algún asunto.

                2) ​Afirma que si fuera cierto que yo estoy obligado a formar parte de los jurados en los que se me designa, entonces, las opiniones o afirmaciones de la editorial no me afectan personalmente.

      Quizás no fui lo suficientemente claro en el pedido de la réplica/explicación acerca de que lo inexacto de la nota no es mi rol como jurado (que forma parte de mis obligaciones como fiscal general) sino que allí se diga que formo parte de un "cerrado entorno digitado vergonzosa y groseramente" por la actual Procuradora General y ​que ​soy uno de los que "la acompañara" en su "vil embestida" contra el fiscal Campagnoli.

      ​Cualquiera entiende el sentido que se le ha querido dar a la inclusión de mi nombre en la nota y que su construcción constituye una tergiversación de los hechos para darles un sentido que no tienen (como explica la semiótica o semiología moderna). ​Ud. mismo lo dice, al sostener que no son inexactos los hechos "sustanciales" en que se apoya la nota. Está reconociendo que hay otros hechos de la nota que sí son falsos. Notable.  

                Vengo siendo jurado de concursos del MPF desde hace cuatro procuradores, y también soy convocado ​regularmente ​por el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Defensoría General de la Nación, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ​el Consejo de ​la provincia del Chubut, ​el de la provincia​ de Entre Ríos, entre otros. 

                En cuanto al caso Campagnoli, lo invito a leer con detenimiento mi dictamen como miembro del Consejo Evaluador. ​Órgano creado y en el que fui designado por el ex Procurador Righi. ​            

                La editorial es un agravio para la decena de funcionarios de carrera (muy anteriores a la gestión Gils Carbó) que intervienen en los concursos o en el Consejo Evaluador de fiscales, que necesariamente están al tanto de​l proceso de designación de los jurados,​ ​de su actividad​ en los concursos​ y en el citado C​onsejo. Es imposible que ocurra algo en dichos ámbitos sin que tomen conocimiento de ello muchos funcionarios y empleados. Luego, al ​lanzar aquellas afirmaciones los están poniendo en la​ situación de cómplices por omisión.  

                3) Comparto el pensamiento de quienes sostienen que las designaciones de jurados de concursos deben ser por sorteo (todos los cargos que tengo en el servicio de justicia y la academia son por concurso, por lo que soy un admirador y perfeccionista de los concursos)​, sin perjuicio de que debe destacarse que mis intervenci​ones y designaci​ones por todos los procuradores, sin sorteo, no han sido irregulares. Es que de la ausencia de una cosa no se deriva la otra, tal como expresamente lo aclara la mayoría del fallo de la Cámara Contencioso Administrativo, a diferencia de lo que se sugiere en la nota editorial. 

                Pero también sé perfectamente que esta decisión de la C​ámara en lo C​ontencioso fue dictada sin agravio alguno para el peticionante porque​ (según me tomé el trabajo de averiguar) ​el concurso nunca terminó de corregirse, es decir, al momento de la sentencia​ no ha​bía caso o cuestión justiciable (​como exige el art. 116 CN, y prueba el hecho de que él podría haber salido primero en el concurso. ¿Lo habrían anulado en tal caso?).

                Los lectores deberían sacar sus propias conclusiones sobre el significado político de esa decisión judicial, para lo cual basta con leer la disidencia.

                Simplemente se trató de un concurso más de los cientos tomados desde la vigencia del régimen de concursos (cuatro procuradores), en los que los jurados no fueron desi​gnados por sorteo. Luego, la afirmación de que yo sería una especie de cómplice de un "asalto" al Poder Judicial por participar de este sistema, aparece como temeraria.

                4) En fin. ​Por su intermedio ofrecí la oportunidad de dar a sus lectores un producto ​más completo y con datos objetivos y Ud., como director de tan importante medio de comunicación, la rechazó. Sobran las palabras.

                ​Lo saludo con la más distinguida consideración.​

 

​Javier Augusto De Luca

 

 

Buenos Aires, 7 de julio de 2016

 

Señor Fiscal General

Doctor Javier Augusto De Luca

 

De mi consideración:

 

Es una tranquilidad para nosotros saber, como lo aclara en su segunda carta, que la opinión editorial vertida no lo ha agraviado ni ofendido.

Celebro y agradezco también que su intención no fuera otra que la de brindar a nuestros lectores "un producto más completo y datos objetivos".

En cuanto a la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a la que dedica Usted la mayor parte de los comentarios de sus dos cartas, además de lo dicho en el editorial en cuestión, el diario publicó el martes siguiente una extensa nota con la cita de la mayoría de los considerandos del fallo. Esto sin duda proporcionó a los lectores, como usted lo ha propiciado, un mayor conocimiento directo y objetivo de los hechos.

 

Lo saludo atentamente.

Julio Saguier

Presidente

 

S.A. La Nación


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